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En "La Mañana de Andalucía", el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada Agustín Ruiz Robledo ha sostenido que la 'prioridad nacional' no está teniendo repercusión jurídica hasta ahora. Una idea que Vox ha exigido aplicar en los acuerdos de gobierno suscritos con el PP en Extremadura, Aragón y Castilla León, y que ahora reclama para apoyar la investidura de Juanma Moreno. En su entrevista con Francisco Ramón, Ruiz Robledo ha recordado que Vox hace suyo un término que antes impulsó en Francia el Frente Nacional de LePen. Sin embargo, subraya que el concepto de preferencia de los nacionales sobre los extranjeros ya está recogido en diferentes ámbitos de nuestra legislación. La referencia más clara en la que se exige este requisito es para ejercer el derecho a voto en unas elecciones generales. En tanto en situaciones de urgencia sanitaria en las que está en juego la vida no puede ser en ningún caso condición sine qua non.
Este experto en Derecho Constitucional añade otros ejemplos. Es necesario ser español para acceder a la judicatura y determinados puestos del funcionariado. Apunta también que hay normas tanto en el País Vasco como en Canarias que recogen esa exigencia, y subraya que fueron pactadas además por el PSOE con PNV y Coalición Canaria. Por todo ello, no considera extraño que pueda plantearse la necesidad de exigir un tiempo antes de poder reclamar un derecho social.
Por otra parte, preguntado por el derecho a voto que otorga la llamada 'Ley de Nietos' Ruiz Robledo ha considerado que el Gobierno está haciendo una tramitación "claramente ilegal". Se refiere a que la instrucción que deriva de la Ley de Memoria Democrática establece que pueden tener la nacionalidad española los descendientes de quienes tuvieron que salir de España entre 1936 y 1955. Señala que el partido Ciudadanos intentó incluir en su día que estuvieran amparados también quienes dejaron el país por motivos económicos y no sólo políticos, pero fue rechazada. Por lo que incluirlos ahora sería ampliar la norma sin haberla reformado.
Ruiz Robledo también cuestiona que el PP diga ahora que la Ley de Memoria no es la vía adecuada para este proceso, porque la norma es de 2022 y no la recurrió en su momento. En cualquier caso, cree que se está poniendo el foco en el lugar equivocado. Opina que el debate dónde debe estar en si quienes no viven en España y no tienen un vínculo directo pueden o no decidir quién nos gobierna. No en qué partido sale más beneficiado si se facilita el voto a estas personas.
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