El origen del 70% de los incendios de este verano está por esclarecer

La dificultad para esclarecer qué o quién está detrás de un incendio forestal viene dada por la propia naturaleza del delito. En La Mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón, Javier Rufino ha explicado que, a diferencia de en un entorno urbano, en el monte es mucho más complicado hallar indicios suficientes que permitan señalar con certeza si un fuego se ha generado de manera fortuita, por una negligencia o de manera intencionada. Empezando por el propio punto de inicio. Esto hace que el número de condenas o el éxito en la investigación penal sea muy inferior al que la Fiscalía obtiene en otras materias que son de su competencia, como los delitos urbanísticos y contra el patrimonio histórico.

Los datos apuntan a que de los incendios de origen conocido, en torno al 10% corresponden a imprudencias o negligencias, en tanto el porcentaje es ligeramente inferior en el caso de los provocados. El fiscal ha señalado que, en contra de lo que mucha gente cree, las consecuencias penales pueden ser muy altas. Especialmente si se han puesto vidas en peligro, ya que estas condenas pueden estar entre los 10 y los 20 años de prisión. Más incluso que en algunos casos de homicidio. Hasta ese punto puede tener consecuencias el gesto de tirar una colilla, aunque si no ha habido intención de provocar el fuego el castigo es menor.

Rufino, que ha sido fiscal de Medio Ambiente de Sevilla durante 14 años, incide en que el interés principal de la Fiscalía en esta materia es reparar el daño causado a la colectividad. Es decir, determinar la responsabilidad civil por haber causado daños materiales, en viviendas y en el patrimonio natural, además de las vidas en riesgo. Esto incluye cuestiones como la contaminación de las aguas subterráneas o la amenaza a la biodiversidad.

Otra tarea importante que destaca es el trabajo de prevención. Con campañas en las que participan también policías municipales, Guardia Civil y agentes forestales. La Fiscalía está además muy pendiente de que los municipios y las comunidades autónomas tengan y ejecuten los planes de prevención que están obligados a tener por la Ley de Montes de 2003. En caso de incendio que pueda haberse expandido por fallos atribuibles a las administraciones, se abre una investigación. Rufino recuerda, además, que esta responsabilidad se extiende a los particulares, ya que el 72% de los terrenos forestales que hay en España está en manos privadas.

Esa misma ley también establece la prohibición de recalificar el uso del suelo en zonas afectadas por un incendio, así como el uso de la madera quemada. Por lo que Javier Rufino desmiente que éstos sean motivos para provocar incendios. Asegura que se difunden bulos a este respecto, que no tienen razón de ser. Pero insiste en que se está haciendo un sobreesfuerzo en las investigaciones y que aumentan las detenciones y los casos de prisión preventiva mientras se avanza en las investigaciones policiales para determinar las causas de los incendios y su autoría, si procede.