Los expertos advierten en 'El Mirador de Andalucía' que Pegasus va más allá de los gobiernos

El uso del programa Pegasus para el espionaje de las comunicaciones a través del móvil está de actualidad al detectarse en los terminales de independentistas catalanes, y esta semana en los móviles del presidente del gobierno y de la ministra de defensa.

Amnistía Internacional lleva denunciando el uso de este programa espía por parte de gobiernos que ha servido señalan para silenciar y acosar a activistas de derechos humanos, por ejemplo. Carlos de las Heras, portavoz de Amnistía Internacional y experto en tecnología ha explicado en El Mirador de Andalucía cómo se vulneran derechos fundamentales. "En muchos de los casos, Pegasus atenta contra nuestros datos personales o personas que están en proceso judicial o en prisión son espiados en sus comunicaciones con sus abogados", ha comentado

Amnistía Internacional ha pedido una moratoria en el uso de este programa al no haber una regulación que garantice el respeto de los derechos de los ciudadanos. Y aunque la autoridad Europea de Protección de Datos ha pedido la prohibición de Pegasus, para De las Heras, se va tarde. "Es cierto que se están dando pasos positivos, pero en nuestra opinión vamos con retraso. La intimidad, la privacidad y el honor son vulnerados por los gobiernos", ha precisado.

En este sentido, otro experto, Francisco Valencia, CEO de la compañía Secure IT, considera improbable que el programa de espionaje Pegasus solo venda licencias a gobiernos. El técnico ha afirmado en El Mirador que lo novedoso de Pegasus es que se instala sin conocimiento de la víctima y no deja rastro. Pone en tela de juicio que una empresa restrinja la venta de un producto. "Si una empresa quiere ganar dinero con esto posiblemente pueda vender estas licencias a otros intereses económicos y no solo a gobiernos. Y tampoco está tan claro qué puede hacer un miembro de un gobierno con esta herramienta", ha explicado.

Sin embargo, Valencia advierte de que perdemos la batalla por goleada puesto que estima que por cada euro que se invierte en ciberseguridad se dedican mil a la ciberdelincuencia.