Las víctimas de la trata, en Los Reporteros

El Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la tramitación de una proposición de ley para abolir la prostitución, que prevé penas para los proxenetas y multas para los consumidores. La iniciativa provoca división de opiniones, pero más allá del debate, los datos demuestran que prostitución y trata de seres humanos están estrechamente unidos. Y aunque actualmente  la ley contempla protección para las que denuncien a proxenetas y traficantes, dar ese paso puede ponerlas en una situación de alto riesgo. 

Una niña, con 14 años, que su madre vendió en España, en Andalucía, a un señor casi 40 años mayor. Un matrimonio forzoso, con relaciones sexuales no consentidas, y nacimiento de un hijo no deseado. Es uno de los muchos casos que se dan y del que sabe bien Marina, quien a sus 22 años ya ha pasado ese dolor infinito, infinitas veces. Ella es víctima de trata de personas. Tras una relación tóxica en Colombia, decidió aceptar un supuesto trabajo en un bar de copas de España.

Al llegar, el mismo guion para tantas: una deuda contraída por el viaje y los servicios de 1.800 euros con con amenazas y obligada a prostituirse en un local cualquiera de nuestra geografía, en un piso cualquiera de nuestra urbanización porque ha habido un desplazamiento de los clubes de alterne a los pisos.

El terror psicológico bloquea a las víctimas, y las denuncias tardan en llegar. Beatriz Sánchez, fiscal de Sala y coordinadora de Extranjería asegura que "en sus propios países de origen las instituciones policiales forman parte del entramado corrupto, que las ha ayudado a salir del país, pero las ha metido en un entramado de prostitución y esclavitud".

Y Rafael García, Inspector Jefe de la UCRIF reconoce que "sin denuncia no hay nada que hacer, es la víctima la que tiene que denunciar. Les cuesta muchísimo porque tiene miedo, en muchos casos porque tienen a su familia en sus países de origen y le amenazan con hacerles daño".

Marina huyó junto a otra chica, aunque no denunció en un principio a la red por miedo. Fue después la Policía quien contactó con ella y le comunicó que la red había caído por si quería denunciar, y entonces, sí, lo hizo. 

España es uno de los países con más demanda y consumo de prostitución de Europa y se calcula que hay entre 150.000 y 400.000 mujeres ejerciendo la prostitución. 218 votos a favor, 68 abstenciones y 37 en contra en el Congreso pretenden acabar con esta práctica ilegal. 

Pero hay cierta polémica y disparidad de criterios porque hay sectores sociales que llaman la atención sobre la posibilidad de que las mujeres que ejercen la prostitución libremente puedan ser penalizadas. Todos los entrevistados abogan más o menos abiertamente por la abolición pero con matices importantes, tal que la libertad sexual es un derecho irrenunciable.

El trabajo de ONGs como Apramp, con 4.450 mujeres atendidas el año pasado o las 6.400 que han recuperado en Nuevo Hogar Betania ha tenido sus frutos. Y su reconocimiento, el Premio Princesa de Girona para la institución que nació en La Línea de la Concepción.

Si difícil es digerir que esto pueda estar ocurriendo en nuestra comunidad, más difícil es digerir que aumente la demanda de prostitución. Casos registrados también de refugiadas ucranianas tras el éxodo por la guerra que han caído en estas redes en España, nos indica que no estamos cambiando la tendencia. La iniciación de nuestro jóvenes en portales de porno accesibles desde cualquier móvil se ha apuntado como lo peor para una adecuada educación sexual. Porque la prostitución ni es útil como rito de iniciación, ni es un trabajo.

Por cierto, Marina ha recuperado su vida, está estudiando y trabajando para ayudar a víctimas como ella. Se puede salir, y se puede ayudar.

Para denunciar hay un correo: trata@policia.es y un teléfono de contacto, el 900105090.