El CGPJ y la Fiscalía defienden la independencia judicial frente a las "descalificaciones" desde la política

La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, ha lamentado las "descalificaciones" de "quienes ejercen responsabilidades institucionales" hacia los jueces, ha exigido respeto a las decisiones judiciales y ha asegurado que se toman "sin ceder a influencias, presiones ni injerencias de ningún tipo".

Así se ha expresado Perelló en su discurso del acto de apertura del año judicial que se ha celebrado este jueves en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo.

La magistrada ha reiterado que su compromiso "ha sido siempre el de trabajar por alcanzar los más amplios consensos, ejerciendo un papel imparcial y neutral, con criterio propio" y con el objetivo de que sus decisiones "estén al servicio de la justicia y del interés general", y no "al servicio de otros intereses".

"Nuestra independencia es la mejor garantía que podemos ofrecerles para que estén convencidos de que, a la hora de tomar una decisión, lo haremos sin ceder a influencias, presiones ni injerencias de ningún tipo", ha continuado.

Y ha señalado que, pese a que "los jueces pueden incurrir en errores en la aplicación del derecho", el ordenamiento "asume esa posibilidad y establece un sistema de recursos para revisar las actuaciones judiciales y, en su caso, corregirlas", incluyendo la pertenencia de España "al espacio jurídico europeo".

"Las resoluciones judiciales pueden ser criticadas", ha defendido, pero dicha crítica debe de ser "fundada" porque "contribuye a mejorar" la justicia y "siempre será bienvenida". No obstante, la discusión jurídica, a su juicio, "no puede ser sustituida por la atribución al juez de propósitos políticos o ideológicos, a partir de la mera discrepancia con lo resuelto".

RECLAMA LEALTAD INSTITUCIONAL Y CONFÍA EN LA "MESURA" DE LOS JUECES

Y ha lamentado, en alusión a las acusaciones de 'lawfare' que se han escuchado "acusaciones expresas generalizadas de que jueces y tribunales adoptan determinadas decisiones por razones políticas y no por las razones jurídicas que expresan sus resoluciones".

Perelló ha señalado que se trata de "una imputación de extraordinaria gravedad, que puede llegar a comportar la atribución de una conducta delictiva" y que "pone en cuestión que la actuación judicial responda exclusivamente al derecho".

"Si esas descalificaciones proceden de quienes ejercen responsabilidades institucionales, la gravedad es mayor", ha indicado, para recordar que los informes de la Comisión Europea insisten en que "los poderes ejecutivo y legislativo deben evitar las críticas que menoscaben la independencia de los tribunales o la confianza pública en la justicia".

En esta línea, Perelló ha señalado que "no es admisible que la descalificación pública de los jueces se convierta en un instrumento de presión sobre el ejercicio de la jurisdicción" y ha apelado al "respeto y la lealtad institucional".

Esto último, a su juicio, "no se trata de una simple deferencia política, sino de una expresión de cooperación constitucional que garantiza el equilibrio entre poderes y el respeto al Estado de derecho".

"Por ello, esa lealtad exige que los poderes del Estado respeten la función que la Constitución asigna al Poder Judicial, un verdadero contrapeso de los demás poderes del Estado, según la teoría constitucional de los balances", ha expresado.

La función judicial exige, ha indicado Perelló, "mesura en el ejercicio de sus atribuciones", para añadir que "la independencia no exime al juez de tener presente la trascendencia que sus actuaciones y decisiones pueden tener" para los ciudadanos.

"La justicia constituye un elemento esencial del Estado de Derecho y, como ha subrayado reiteradamente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, necesita contar con la confianza de los ciudadanos para poder desempeñar adecuadamente su cometido", ha añadido.

LA FISCAL GENERAL RECHAZA LA "DESALIFICACIÓN SISTEMÁTICA" DE LOS FISCALES

En este mismo sentido, la fiscal General del Estado, Teresa Peramato, ha indicado que la sociedad pide "transparencia" y "una legítima exigencia de rendición de cuentas" al Ministerio Público. "El Ministerio Fiscal acepta esa exigencia, pero transparencia y crítica legítima no pueden confundirse con la descalificación sistemática, ni con la proyección sobre la institución de una imagen que no se corresponde con la realidad", ha incidido, para reivindicar que la institución que dirige está integrada "por mujeres y hombres altamente cualificados que acceden a la carrera tras superar uno de los procesos selectivos más exigentes de la Administración pública".

Ademas, ha dicho que España "dispone hoy de una oportunidad histórica" para la transformación de un modelo procesal cuya estructura básica sigue respondiendo a "concepciones del siglo XIX", en referencia a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en tramitación parlamentaria, que pretende que los fiscales instruyan los procedimientos penales en sustitución de los jueces.

La jefa del Ministerio Público ha trasladado el "firme respaldo" de la institución a esta medida y ha recordado que cuenta con el "aval" del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que también "ha sido respaldada, recientemente, por la Comisión Europea".

"La atribución de la dirección de la investigación al Ministerio Fiscal no constituye una reivindicación corporativa. Se trata, ante todo, de una exigencia de racionalidad institucional orientada a reforzar las garantías del proceso penal y, en definitiva, a fortalecer la calidad de nuestro Estado de derecho", ha reivindicado, todo ello con el objetivo de "reforzar las garantías de la ciudadanía".

No obstante, Peramato ha indicado que, "para una asunción exitosa de la investigación penal", necesitan "más autonomía y la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal" porque desvincula el mandato del fiscal general de la duración del Gobierno que elige el puesto y "porque atribuye a la Junta de Fiscales de Sala, mediante una mayoría cualificada de sus miembros, capacidad de veto".

También ha solicitado que la reforma "vaya acompañada de los recursos necesarios para ejercerlas con eficacia": "Será imprescindible reforzar las plantillas, modernizar los sistemas tecnológicos, consolidar estructuras de apoyo adecuadas y seguir profundizando en la especialización de las y los fiscales".