La polémica compra de los test rápidos

Sanidad ya ha devuelto los 9.000 test rápidos que el Gobierno español compró a China y no funcionaban. La embajada china dice que el vendedor no tenía licencia; el vendedor dice que no la tenía en China porque no vende allí, y que corregirá con un nuevo lote el defectoso; España dice que compró a un proveedor de confianza, nacional, que no había alerta en Europa contra el vendedor y que el producto se le presentó con la homologación CE. La controversia política quedó servida.

El ministro de Sanidad ha tenido que salir al paso en el Congreso sobre la devolución de 9.000 test rápidos de COVID-19 por estar defectuosos. Salvador Illa asegura que la compra se hizo con todas las garantías, a un proveedor nacional de confianza y con la marca CE de calidad de la Union Europea. Como las pruebas revelaron una escasa sensibilidad del producto, se ha devuelto y exigido otro tipo de test al suministrador.

Pero la polémica no ha hecho más que empezar. La Embajada china se ha apresurado a aclarar que la compañía a la que se compraron esos test fallidos no tiene licencia y que no figura en la lista de proveedores para el encargo de material por valor de 432 millones del Gobierno español a su país.

La petición del ministro de Illa de evitar reproches porque, dice, el mercado está loco y desbordado, ha caído en saco roto. El PP califica de grave irresponsabilidad esta compra y exige explicaciones al presidente del Gobierno. Ciudadanos considera este episodio de paso en falso que no puede repetirse, sobre todo porque está en juego la protección de los profesionales de la Sanidad. Vox lamenta las mentiras y negligencias, dice, del Gobierno que agigantan la tragedia día a día. En estos momentos, se están realizando 20.000 test diarios, cuando deberían ser 50.000, según el Ministerio. Estas pruebas son esenciales para identificar y tratar a pacientes y, de paso, descongestionar las urgencias.