Leire Díez se reunió dos veces con Diego Villafañe, mano derecha del fiscal general

La Fiscalía General del Estado se reunió dos veces con Leire Díez y el abogado de Santos Cerdán en 2025. Allí presentaron varias denuncias contra el fiscal anticorrupción José Grinda, al que previamente habrían intentado sobornar. El juez ya ha pedido un informe de estos encuentros al Ministerio Público. Leire Díez apuntó el 19 de febrero de 2025 en su agenda personal una reunión con la Fiscalía General del Estado. El sumario judicial recoge que hubo al menos dos encuentros con la mano derecha del fiscal general, Diego Villafañe.

Acudió con el abogado Jacobo Teijelo, el letrado del exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán. El fiscal Grinda era su objetivo principal: Denunciaron presuntas irregularidades en sus investigaciones. Esto tras haberle ofrecido 300.000 euros a cambio de que archivara procedimientos o aportara información comprometida de su jefe en la Fiscalía Anticorrupción. El sumario evidencia que Leire tendría interlocución directa con la institución.Una primera reunión habría sido para hacer la denuncia y la segunda para aportar las pruebas que le habría pedido la fiscalía. Su contacto, el fiscal Villafañe llegó a estar imputado en el caso que acabó con la condena del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, pero su causa fue archivada. La fiscalía debe responder ahora al requerimiento del juez Pedraz que le ha reclamado información sobre estos supuestos encuentros.

Por otro lado, el Ministerio del Interior denegó en dos ocasiones el servicio de escolta a la exmilitante socialista Leire Díez tras constatar en ambas ocasiones que las supuestas amenazas vertidas hacia ella presentaban un riesgo "bajo" o "muy bajo", aunque sí que activó "un servicio de contravigilancia" durante alrededor de dos meses de 2025. Según han precisado fuentes del Ministerio del Interior, Díez solicitó protección el 5 de junio de 2025, después una rueda de prensa en la que se produjo un enfrentamiento público con el comisionista Víctor de Aldama y tras la que interpuso una denuncia por amenazas.

En aquel momento, apuntan las mencionadas fuentes, la valoración policial del riesgo que representaba Díez era "bajo" y vulnerabilidad media, por lo que se rechazó ponerle los escoltas, aunque sí que se activó "un servicio de contravigilancia" mientras permaneciese en Madrid, y que se levantó el 7 de agosto de ese mismo año "sin que se detectase nada relevante". Díez volvió a solicitar este servicio de contravigilancia en noviembre de 2025, después de denunciar "llamadas sospechosas", aunque la valoración policial del riesgo resultó "muy bajo", por lo que no se adoptaron medidas.

En el caso de Díez, el Ministerio actuó "siguiendo el mismo protocolo y las mismas pautas que se aplican ante solicitudes similares", según las fuentes, que recuerdan que los servicios de seguridad y protección a las personas están regulados por la Secretaría de Estado de Seguridad.

Este martes, ante el pleno del Senado, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha negado a preguntas del PP que pusiese escolta a Leire Díez, entre gritos de dimisión por parte de los senadores populares.

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