La Justicia rechaza desalojar ya la acampada de Sol
VIVIENDA
La acampada por el derecho a la vivienda de la Puerta del Sol podrá continuar, de momento. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado ordenar su desalojo inmediato, como había solicitado la Comunidad de Madrid. Desde el Sindicato de Inquilinas aseguran que la protesta continuará al margen del calendario electoral que se ha abierto por la convocatoria de elecciones.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado forzar a la Delegación del Gobierno a desalojar inmediatamente la acampada por el derecho a la vivienda de la Puerta del Sol, como solicitaba de manera cautelarísima el Ejecutivo regional de Isabel Díaz Ayuso. Aunque en opinión de la sección sexta de lo Contencioso "concurren circunstancias de especial urgencia", la decisión no puede adoptarse "con las debidas garantías sin oír previamente a la Administración General del Estado", recoge el auto dictado este lunes.
Sin entrar al fondo del asunto, el tribunal tiene en consideración "la eventual afectación del derecho de reunión de las personas efectivamente acampadas" y "la irreversibilidad de las consecuencias" que tendría acceder al desalojo instado por el Gobierno madrileño con posible utilización de "medidas de compulsión física" por parte de las fuerzas de seguridad si no accediesen a abandonar la acampada.
Los magistrados consideran que la "tan real posibilidad" de que el desalojo incluya dichas medidas de "compulsión física sobre las personas acampadas" exige poder contar con el criterio, alegaciones y motivos de la Delegación del Gobierno, pero acorta al próximo miércoles, a las 9:00 horas, el plazo para que presenten su escrito, "dadas las concretas circunstancias".
En su argumentación, aluden también a la necesidad de que actuaciones como la solicitada, es decir el desalojo, sean proporcionadas y citan la ley de seguridad que recoge que las medidas de intervención para mantener o restablecer la seguridad ciudadana en reuniones y manifestaciones serán "graduales y proporcionadas a las circunstancias" que "la disolución de reuniones y manifestaciones constituirá el último recurso".
Para pedir el desalojo, el Gobierno de Díaz Ayuso señalaba que la Delegación del Gobierno se había negado a ordenar a la Policía Nacional que actuara frente a lo que consideran una "ilegal ocupación del espacio público" y acusaban a esta institución de no haber actuado tampoco para proteger la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo madrileño, de daños en la fachada, ni la estatua del Oso y el Madroño.
Desde el Sindicato de Inquilinas aseguran que la protesta continuará al margen del calendario electoral que se ha abierto por la convocatoria de elecciones.