La Guardia Civil investiga si el empresario cordobés Cristian Corvillo actuó como intermediario en las mordidas del "caso Koldo"

La Guardia Civil ha dejado en libertad a las seis personas detenidas este jueves en el marco de la nueva pieza separada del caso Koldo que instruye la Audiencia Nacional, y a las que se les imputan -no a todos- los delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo y fraude fiscal, han explicado fuentes próximas a la investigación.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno abrió el pasado martes una pieza separada del caso Koldo tras recibir un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, y este jueves se ha materializado en el requerimiento a Adif Alta Velocidad de información sobre contratos presuntamente "amañados", en una investigación que aborda presuntas mordidas en contratos de obra pública.

Entre los detenidos por la UCO que han quedado en libertad figuran el empresario Cristian Corvillo, que condujo el coche de Pedro Sánchez durante las primarias de 2017, y Andrea De la Torre, actual pareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, hoy en prisión.

Los arrestos se han producido en Madrid, Córdoba, Valencia y Sevilla y a los detenidos se les imputan los siguientes delitos, aunque no a todos: tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo y fraude fiscal.

Los agentes también han acudido a la sede de la empresa pública Adif Alta Velocidad para hacer un requerimiento de información, sobre presuntos contratos de obra pública "amañados", lo que vuelve a situar las sospechas sobre la época en la que Ábalos estuvo al frente del Ministerio de Transportes.

Fuentes de Adif han precisado que la compañía ha aportado la información solicitada esta mañana por los investigadores de la UCO que han acudido a la sede de Adif Alta Velocidad en Madrid y han destacado la "total colaboración" prestada.

Por las presuntas mordidas en obra pública el magistrado Moreno investigaba hasta ahora a al menos a una quincena de personas, incluidos Ábalos, la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y el exdirigente socialista Santos Cerdán.

Con la apertura de esta nueva rama, crece aún más el procedimiento abierto en 2024, en un principio centrado en contratos de mascarillas, pero que evolucionó a adjudicaciones de obra pública y también a pesquisas sobre el sistema de reembolso en efectivo en el PSOE de pagos adelantados por sus cargos, que se investiga en secreto

El foco principal de las pesquisas sobre Andrea de la Torre se sitúa en una operación inmobiliaria realizada en abril de 2024. La adquisición de un local y una plaza de aparcamiento por un importe de 125.000 euros. La UCO sospecha de esta transacción porque ella no tenía ingresos para esta compra. Los mensajes de WhatsApp intervenidos revelan que Ábalos dio instrucciones a su asesor Koldo García para ingresar fondos en las cuentas de Andrea De la Torre y gestionar la financiación de los inmuebles. Por su parte, los investigadores sitúan a Cristian Corvillo como un presunto intermediario encargado de la canalización de comisiones ilegales. La Guardia Civil ha documentado reuniones de Corvillo con Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama en hoteles de Andalucía, las cuales coincidían en el tiempo con viajes oficiales del ministro de Transportes.

La Guardia Civil cree que este empresario cordobés podría haber servido para canalizar las presuntas mordidas vinculadas al Ministerio de Transportes durante el mandato de José Luis Ábalos. En ese informe, se le vinculaba con el empresario Víctor de Aldama, con Ábalos y con su asesor Koldo García. Por eso fue llamado a la comisión de investigación del Senado. La investigación lo situaría como intermediario en un expediente de contratación de limpieza y otro de remodelación de una plataforma de una estación de tren. Koldo le presentó a Aldama y habrían acabado haciendo negocios. Firme defensor de Pedro Sánchez. Exhibía su cercanía con él en redes sociales. Habría ejercido de chófer durante las primarias de 2017 aunque Ferraz dice que solo fue algo puntual. Su nombre también aparece en el caso Hidrocarburos por evadir presuntamente el pago del Iva en la venta de combustible. La guardia civil buscó pruebas de su actividad en su chalet de Córdoba durante casi 7 horas de registro.