El Gobierno busca apoyos para la convalidación de los decretos en el Congreso

El Pleno del Congreso votará mañana los dos decretos de vivienda aprobados este martes por el Gobiern. De momento, PSOE y Sumar cuentan con el sí de Podemos, Esquerra Republicana, EH Bildu y BNG. En contra, Vox, PP y Unión del Pueblo Navarro.

No se han posicionado claramente todavía Junts, PNV y Coalición Canaria. Recordemos que la mayoría está en los 176 diputados. Cada uno de los dos decretos se votará por separado. El primero, con gran parte de las nueva normativa, tiene mayores posibilidades de salir adelante que el segundo, impulsado por Sumar.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, defenderá este viernes ante el pleno del Congreso el primero de los dos decretos de vivienda, mientras que el segundo —el de renovación automática de los contratos de alquiler— le corresponderá al titular de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy.

Desde el Gobierno han confirmado el reparto, aunque han restado importancia a la imagen de división interna que puede ofrecer dentro del Ejecutivo de coalición PSOE-Sumar en política de vivienda.

Rodríguez ha explicado este jueves que la división de las medidas en dos decretos responde a una "coordinación perfecta" entre los socios, mientras que fuentes socialistas reconocen que la separación se debe a que su decreto tiene "más consenso" que el promovido por Bustinduy y, por tanto, más posibilidades de ser convalidado.

El decreto que defenderá Isabel Rodríguez es fruto de la negociación que su ministerio ha mantenido desde hace meses con los grupos parlamentarios y en él hay medidas que todos ellos -excepto el PP y Vox- han defendido en algún momento o le han hecho llegar.

Entre ellas destacan medidas de protección ante los desahucios hasta el 31 de diciembre de 2030, limitaciones a la compra especulativa de vivienda hasta el 31 de diciembre de 2028, la regulación del alquiler de temporada y habitaciones, la imposición de un 10 % de IVA a los pisos turísticos, deducciones fiscales a los inquilinos y bonificaciones a los pequeños propietarios.

También la bajada del IVA al 4 % a la vivienda protegida, préstamos ICO a interés 0 % para la entrada de una hipoteca, la prórroga por dos años de los contratos de alquiler que venzan antes del 31 de diciembre de 2028 y topes en la actualización anual de las rentas hasta el 31 de diciembre de 2027 (0 % si la renta supera el máximo del índice de referencia y 2 % si no lo supera).

El Gobierno confía en que este decreto sea convalidado con el respaldo del PSOE, Sumar ERC, PNV, Bildu, Compromís, BNG, CC y Podemos; y, en el peor de los casos, la abstención de Junts, que como es habitual no ha querido por el momento aclarar el sentido de su voto.

Tampoco han desvelado su voto por el momento ni Coalición Canaria (CC) -que respaldó el pasado abril el decreto de prórroga de los alquileres que impulsó Sumar y derogó la mayoría que suman PP, Vox, Junts y UPN- ni el PNV, que se abstuvo en el decreto de abril.

Por su parte, el decreto que defenderá Bustinduy consta de un único artículo que establece la renovación automática de los contratos de alquiler, lo que supone la obligación para los arrendadores de acreditar una causa justificada para no renovar el contrato y, si no lo hace, que tenga que indemnizar al arrendatario.

Esta medida, reclamada por la Confederación de Sindicatos de Inquilinas desde hace una semana, a raíz del desahucio en Madrid de Maricarmen, de 87 años, será rechazada previsiblemente en el Congreso con los votos en contra del PP, Vox, PNV, Junts y UPN.

La intención del Gobierno es volver a llevar la medida al Parlamento en forma de proyecto de ley.