Empieza el montaje del primer centro de acogida temporal de inmigrantes en Ceuta

Los trabajos para habilitar nuevos espacios de acogida temporal de inmigrantes en Ceuta ya han comenzado con la adecuación y el montaje de carpas en la explanada del embolsamiento de Loma Colmenar, el primero de los emplazamientos anunciados este lunes por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Las labores se han iniciado con el objetivo de que este dispositivo pueda quedar operativo en las próximas horas para comenzar a recibir a los migrantes ante la presión que soportan actualmente los recursos de acogida de la ciudad autónoma.

Este espacio forma parte del dispositivo extraordinario anunciado por Saiz, que prevé la habilitación inmediata de 1.500 nuevas plazas repartidas en varios puntos de Ceuta. Entre los emplazamientos figuran también las instalaciones de la Hípica, el antiguo campo de fútbol del cuartel de Caballería y el espacio del Guano, además de la zona de Loma Colmenar cedida por la ciudad autónoma.

La previsión es que, una vez iniciada esta primera actuación, los trabajos se aceleren en el resto de ubicaciones para que queden acondicionadas progresivamente y puedan acoger al mayor número posible de personas a lo largo de esta semana y la próxima.

La puesta en marcha de estos dispositivos pretende aliviar la saturación de los recursos existentes, especialmente el CETI y los espacios ocupados por migrantes en distintos puntos de la ciudad, dentro de la respuesta extraordinaria que el Gobierno central ha activado ante la actual presión migratoria.

2.168 MENORES IDENTIFICADOS

Por otra parte, la Policía Nacional ha identificado a 2.168 menores de edad en Ceuta entre el 30 de julio, cuando se produjo la entrada masiva de personas desde Marruecos, y las 9 de la mañana de este martes, según ha informado el Ministerio del Interior.

La Policía ha localizado, identificado y puesto a disposición del Gobierno de Ceuta a esos menores entre las personas que permanecen en la ciudad tras la entrada de entre 70.000 y 80.000 migrantes en los dos últimos días de julio.

Los menores permanecen en Ceuta a la espera de que se articulen soluciones, ya sea mediante la repatriación o a través de su derivación a otras comunidades autónomas ante la saturación de la capacidad de la ciudad autónoma.

También hay un porcentaje de niños y jóvenes procedentes de países como Chad o Sudán que huyen de guerras y crisis humanitarias y tienen derecho a protección internacional, como ha recordado Save the Children, que ha puesto el foco en las mujeres, niñas o adolescentes, que a esas problemáticas suman las de los matrimonios forzosos, violencia sexual o trata.

El Gobierno central ha citado la próxima semana a las comunidades autónomas en una conferencia sectorial para debatir sobre la reubicación de los niños y adolescentes llegados a zonas tensionadas como Ceuta para su mejor atención y sobre la transferencia, por parte del Ejecutivo, de 25 millones de euros a la ciudad autónoma para atender a los menores.

Los gobiernos autonómicos del PP, sin embargo, se oponen a ese debate por estar en contra del sistema, en tanto que los tres ejecutivos de coalición en los que las políticas de Infancia están en manos de Vox (Aragón, Extremadura y Castilla y León) ni siquiera quieren participar.

El otro camino, la devolución a los países de origen, no es sencillo, dado que solo se puede hacer si se demuestra, a través de un estudio individualizado, que realmente eso es lo mejor para el menor, por lo que en la práctica estas devoluciones casi nunca se lleven a cabo.

El Tribunal Supremo sentenció que la devolución masiva de menores a Marruecos que se ejecutó tras la crisis migratoria en 2021 fue ilegal, por la "absoluta inobservancia" de las garantías que establece la ley de extranjería, como realizar un estudio caso por caso de las circunstancias individuales de cada joven.

Garantías que han de respetarse incluso a pesar de que exista un acuerdo como el alcanzado con Marruecos en 2007 para la vuelta concertada de los menores, algo en lo que se había escudado el Gobierno.

Aunque este mecanismo está previsto en la ley a través de la reagrupación familiar, su ejecución es compleja porque exige velar en todo momento por el interés superior del menor, para lo que es necesario un exhaustivo estudio, caso por caso.

Entre otras cuestiones, es fundamental que el menor quiera volver y, entre otros trámites, la Delegación del Gobierno tiene que recabar un informe de las autoridades del país de origen sobre la situación socioeconómica de la familia para comprobar que el joven va a ser bien atendido en el caso de su retorno.

Además, dentro del procedimiento, el joven tiene derecho a ser escuchado, a tener un abogado y a recurrir ante un juez si no está de acuerdo con la decisión.

La ley también contempla como otra opción la puesta a disposición del menor ante los servicios de protección del país de origen, pero esto de nuevo exigiría justificar que el joven estaría mejor atendido en la red de acogida del país de origen que en el de España.