Ceuta, en situación de "interés para la seguridad nacional"

El BOE publica este miércoles el real decreto que declara la situación de Ceuta de interés para la seguridad nacional y recoge una lista de los nuevos espacios de acogida para los migrantes. El ministro de Política Territorial, Angel Víctor Torres, preside este miércoles por la tarde en la Delegación del Gobierno de Ceuta la primera reunión del comité de situación, en la que participará el presidente de Ceuta y los ministros de Justicia, Migraciones e Infancia.

El Gobierno espera disponer de nuevos espacios donde acoger a unos 2.000 migrantes que permanecen en las calles de Ceuta, que se sumarían a las 1.800 plazas que ya están operativas, mientras se tramitan sus expedientes de asilo o expulsión. Estas instalaciones son fruto del acuerdo entre la Ciudad Autónoma y el Gobierno central, como varios polideportivos, el parking de Loma Colmenar o el hospital militar. Pero la reacción de los vecinos al conocer este martes la noticia no se hizo esperar. Dos manifestaciones recorrieron la ciudad autónoma, pidiendo la expulsión de los migrantes. Algunos manifestantes se concentraron ante el hotel donde decían que se alojaba el ministro Ángel Víctor Torres tras asumir el mando del comité de situación. La policía tuvo que contener a los manifestantes. También se vivieron momentos de tensión en la playa del Trampolín durante el reparto de comida y mantas por parte de Cruz Roja. La policía cargó contra los migrantes debido al enfrentamiento entre varios de ellos. A los ceutíes les preocupa también el comienzo del curso escolar.

Este miércoles se celebrarán varias reuniones entre el secretario de Estado de Educacion y los responsables educativos de Ceuta.

LA POLICÍA CIFRA EN 1.500 LOS MENORES EN CEUTA

La Policía Nacional ha rebajado de 2.168 a unos 1.500 el número de menores filiados en Ceuta tras depurar los registros informáticos, en los que determinados trámites realizados sobre un mismo menor aparecían reflejados como un nuevo expediente. El pasado día 18, la Policía señaló que había localizado, identificado y puesto a disposición del Gobierno regional en Ceuta a 2.168 menores entre el 30 de julio, cuando se produjo la entrada masiva de personas desde Marruecos, y las 9 de la mañana de aquel día, según ha informado el Ministerio del Interior. Pero ahora, el departamento precisa que la cifra se ha rebajado a 1.500 tras depurar esos registros informáticos. Eso sí, explica que la cifra incluye a los menores en desamparo que ya estaban bajo la tutela de los servicios de protección a la infancia de Ceuta antes de lo acontecido el 30 de julio.

Y deja claro que esta cifra crecerá en los próximos días a medida que se vayan concluyendo los trámites en marcha con las nuevas identificaciones consolidadas. Los menores permanecen en Ceuta a la espera de que se articulen soluciones, ya sea mediante la repatriación o a través de su derivación a otras comunidades autónomas ante la saturación de la capacidad de la ciudad autónoma. Entre esos menores, hay un porcentaje de niños y jóvenes procedentes de países como Chad o Sudán que huyen de guerras y crisis humanitarias y tienen derecho a protección internacional, como ha recordado Save the Children, que ha puesto el foco en las mujeres, niñas o adolescentes, que a esas situaciones problemáticas suman las de los matrimonios forzosos, violencia sexual o trata.

El Gobierno central ha citado este jueves a las comunidades autónomas en una conferencia sectorial para debatir sobre la reubicación de los niños y adolescentes llegados a zonas tensionadas como Ceuta para su mejor atención y sobre la transferencia, por parte del Ejecutivo, de 25 millones de euros a la ciudad autónoma para atender a los menores. Los gobiernos autonómicos del PP, sin embargo, se oponen a ese debate por estar en contra del sistema, en tanto que los tres ejecutivos de coalición en los que las políticas de Infancia están en manos de Vox (Aragón, Extremadura y Castilla y León) ni siquiera quieren participar.

El otro camino, la devolución a los países de origen, no es sencillo, dado que solo se puede hacer si se demuestra, a través de un estudio individualizado, que realmente eso es lo mejor para el menor, por lo que en la práctica estas devoluciones casi nunca se llevan a cabo. El Tribunal Supremo sentenció que la devolución masiva de menores a Marruecos que se ejecutó tras la crisis migratoria en 2021 fue ilegal, por la "absoluta inobservancia" de las garantías que establece la ley de extranjería, como realizar un estudio caso por caso de las circunstancias individuales de cada joven. Garantías que han de respetarse incluso a pesar de que exista un acuerdo como el alcanzado con Marruecos en 2007 para la vuelta concertada de los menores, algo en lo que se había escudado el Gobierno.

Aunque este mecanismo está previsto en la ley a través de la reagrupación familiar, su ejecución es compleja porque exige velar en todo momento por el interés superior del menor, para lo que es necesario un exhaustivo estudio, caso por caso. Entre otras cuestiones, es fundamental que el menor quiera volver y, entre otros trámites, la Delegación del Gobierno tiene que recabar un informe de las autoridades del país de origen sobre la situación socioeconómica de la familia para comprobar que el joven va a estar bien atendido en caso de su retorno. Además, dentro del procedimiento, el joven tiene derecho a ser escuchado, a tener un abogado y a recurrir ante un juez si no está de acuerdo con la decisión.

La ley también contempla como otra opción la puesta a disposición del menor ante los servicios de protección del país de origen, pero esto de nuevo exigiría justificar que el joven estaría mejor atendido en la red de acogida del país de origen que en el de España.