Aarón Marañón, hermano de uno de los andaluces presos en Guinea Ecuatorial: "Son dos trabajadores inocentes"

Las familias de los dos andaluces que permanecen desde hace 20 meses en prisión provisional en Guinea Ecuatorial, acusados de corrupción por un proyecto fallido de televisión digital, reclaman responsabilidad patrimonial al Estado español. Se trata del granadino David Rodríguez Ballesta y del cordobés Javier Marañón Montero. Sus familiares lamentan el abandono continuado y dicen haber adoptado la decisión tras "reuniones sin resultados y respuestas vacías". En "Despierta Andalucía" hablamos con Aarón Marañón, hermano de Javier.

Los familiares denuncian que, desde su arresto, los dos andaluces han perdido unos 20 kilos y combaten una situación de salud delicada, sin acceso a atención sanitaria, aunque no pueden conocer con exactitud sus dolencias.

Anuncian el inicio de acciones legales para exigir responsabilidad patrimonial del Estado español por el abandono, la falta tutela y daños morales y físicos derivados por la omisión de protección a dos ciudadanos. "Esta decisión la tomamos hace varios meses, antes del verano", explica, "esperando a que el Ministerio (de Asuntos Exteriores) reaccionase y consiguiese algo efectivo, porque a día de hoy ya llevan casi 20 meses y su situación no ha cambiado". Insiste en que están detenidos "de manera injustificada", porque se trata de un técnico y un administrativo de una empresa que iba a desarrollar un proyecto de televisión digital en el país africano y a la que las autoridades locales reclaman 33 millones de euros. "No se les puede responsabilizar a ellos de nada, ellos no son los directivos ni los propietarios, y, por lo tanto, la acusación no tiene ninguna base", insiste.

Denuncia Aarón Marañón las deplorables condiciones en las que ambos presos se encuentran: "Han estado en aislamiento total, no tienen derecho a que los visite su abogado, a comunicarse con España, con sus familiares, por carta, ni a ser trasladados a un hospital, porque su situación física y psicológica está al límite".

Si reconoce que ya se ha logrado que se les permita una visita semanal por parte de familiares o amigos, aunque recuerda que llevan "más del triple del tiempo máximo para la prisión preventiva determinado por la ley de Guinea Ecuatorial". Algo que los familiares consideran insuficiente, por lo que siguen denunciando "que sigan detenidos y no se haya conseguido su liberación, ya que son inocentes", subraya, "son dos trabajadores que están allí retenidos con el único objetivo de que la empresa pague para que ellos salgan, aunque se quiera vestir con las acusaciones que se quiera, pero ese es el único motivo".

"España no puede asumir que esa situación se siga produciendo y no se consiga su liberación", añade, de ahí la lucha de las familias para que el Gobierno reaccione y tome "alguna acción efectiva", ya que, recuerda Marañón, tiene el respaldo del Parlamento Europeo y del Parlamento nacional".