Las familias de los dos andaluces presos en Guinea Ecuatorial denuncian el "abandono" de las instituciones

Las familias de los dos andaluces detenidos y encarcelados desde enero de 2025 en Guinea Ecuatorial se han concentrado este sábado ante la Subdelegación del Gobierno en Granada para criticar el "abandono" del Ejecutivo a este caso, del que lamentan que próximamente habrá un juicio "sin pruebas".

La Asociación de Ayuda Javier y David - Derechos Humanos pretende así "visibilizar la situación de extrema gravedad y riesgo vital" que sufren David Rodríguez Ballesta (natural de Granada) y Javier Marañón Montero (cordobés de Peñarroya-Pueblonuevo), "detenidos arbitrariamente" en la prisión de Black Beach (Malabo), considerada una de las más peligrosas del mundo, desde hace más de 20 meses.

Los familiares reiteran que ambos eran empleados privados de una empresa del sector de las telecomunicaciones y denuncian "que han sido utilizados como rehenes humanos en un conflicto económico ajeno a ellos". Ambos detenidos están vinculados a una empresa que fue contratada para el despliegue de la Televisión Territorial Terrestre (TDT) en el país africano.

Respecto al inminente juicio al que van a enfrentarse, consideran que el sumario tramitado en Malabo "carece por completo de pruebas de cargo o evidencias contra los dos españoles, pretendiendo juzgarlos por un delito (enriquecimiento ilícito) reservado por la propia ley ecuatoguineana a funcionarios públicos".

Además, las familias, critican "inacción del Gobierno de España y negociaciones fallidas". En este punto, denuncian que el Ministerio de Asuntos Exteriores "se ha limitado a respuestas de trámite y asistencia consular ineficaz, eludiendo la activación de presiones políticas directas o coordinación con el Parlamento Europeo". Y añaden que "las negociaciones por el dinero que piden para su rescate no avanzan".

Las familias subrayan especialmente "el riesgo vital e insalubridad" que sufren Javier y David: "Los dos españoles padecen patologías crónicas sin atención hospitalaria, sobreviven sin agua potable ni comida salubre provista por el penal y han triplicado el límite legal máximo de prisión preventiva fijado por la ley". Y, además, aseguran que les han sido prohibidas en numerosas ocasiones la visita de sus abogados "y no permiten siquiera la entrada de un médico que valore sus enfermedades y dolencias".