Gaspar Zarrías, de nuevo en el punto de mira de los tribunales

Gaspar Zarrías, uno de los hombres más poderosos de los gobiernos socialistas en Andalucía, vuelve a estar en el punto de mira de los tribunales. Mano derecha del presidente Manuel Chaves, en 2016 fue imputado por el caso de los ERE, y seis años después el Tribunal Supremo confirmó la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, que le condenaba a nueve años de inhabilitación especial por un delito de prevaricación.

Una condena que, sin embargo, fue anulada en parte por el Constitucional, y que podría ser revisada por el Tribunal de Justicia Europeo. La audiencia de Sevilla elevó una cuestión prejudicial al tribunal europeo, al considerar que el Tribunal Constitucional se había excedido en sus funciones.

Gaspar Zarrías terminó entregando el carné y ya no es militante del PSOE. Pero llegó a tener una enorme influencia política en el partido y en los gobiernos de la Junta en la etapa socialista.

Fue consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía en 1988 en el gobierno de José Rodríguez de la Borbolla. Designado senador por el Parlamento de Andalucía, en 1995 fue nombrado consejero de Industria en el Gobierno de Manuel Chaves. En abril de 1996 volvió a ser consejero de la Presidencia, y en 2008 alcanzó la vicepresidencia primera.

El 2009 se convirtió en presidente en funciones de la Junta, tras la dimisión de Manuel Chaves, que dejaba el gobierno andaluz para ocupar el puesto de vicepresidente tercero del Gobierno de España. Ese mismo año es nombrado secretario de Estado de Cooperación Territorial, cargo que ocupó hasta diciembre de 2011.

Ahora el juez Pedraz, de la Audiencia Nacional le ha imputado en el caso de los presuntos pagos irregulares del PSOE a Leire Díez.

MÁS ANDALUCES INVESTIGADOS

Zarrías, según el auto, prestó su consultora como “vehículo” para pagar a la presunta trama. Pero no es el único andaluz investigado por tratar de torpedear casos judiciales que afectaban al PSOE o al entorno familiar de Pedro Sánchez.

A Gaspar Zarrías se le suman otras dos personas imputadas, y otra a la que el juez achaca indicios de colaboración. Se trata de la malagueña Ana María Fuentes, gerente del PSOE desde octubre de 2021. Está siendo investigada por presuntamente dar órdenes para elaborar facturas falsas que permitieron transferir fondos a Leire Díez. El magistrado cree que es cómplice en delitos de revelación de secretos, cohecho y contra las instituciones del estado. También se le achaca un posible delito de falsedad en documento mercantil.

Además, se investiga a Javier Pérez Dolset, empresario jiennense, por maniobrar presuntamente junto a Leire Díez y a la periodista -ya fallecida- Patricia López para intentar sabotear causas judiciales sensibles para el PSOE y Pedro Sánchez. Fue uno de los asistentes a la reunión celebrada en Ferraz que, para el juez, es el “punto de inflexión” de la actividad ilícita que se investiga. Por otra parte, a Juan Francisco Serrano, diputado socialista por Jaén, aún no se le determina responsabilidad, pero el juez considera indicios de la colaboración con Santos Cerdán cuando ocupó la Secretaría de Organización del partido.