Familiares y amigos de los españoles presos en Guinea piden su vuelta a casa

Granada y Peñarroya-Pueblonuevo han acogido sendas concentraciones para reclamar la libertad de Javier Marañón Montero, natural de la localidad cordobesa, y del granadino David Rodríguez Ballesta, encarcelados en Guinea Ecuatorial desde enero de 2025 por un proyecto relacionado con la televisión digital terrestre. Los participantes han denunciado que ambos han sido “injustamente encarcelados” y han reclamado al Gobierno español una actuación inmediata.

El acto celebrado en Granada ha tenido lugar ante el Ayuntamiento junto a familiares y amigos de David, mientras que en Peñarroya-Pueblonuevo la concentración se ha desarrollado en la Plaza de Santa Bárbara. Durante ambos encuentros se ha leído un manifiesto.

En el texto, las familias han asegurado que no podían “permanecer en silencio ante la injusticia” y han descrito la situación que atraviesan los dos españoles, lejos de sus hogares y de sus seres queridos, tras más de 16 meses privados de libertad.

También han lamentado los meses de “angustia, dolor y sufrimiento”, así como la sensación de abandono institucional y las “promesas vacías” recibidas durante ese tiempo.

Los asistentes han reclamado la “inmediata liberación” de ambos, insistiendo en que no existe motivo alguno para prolongar una situación que consideran injusta y denunciando que nadie debería permanecer privado de libertad en esas condiciones.

Asimismo, las familias han defendido que Javier y David “no son delincuentes”, sino trabajadores de una empresa vinculada al ámbito audiovisual. Han explicado que ambos habían acudido a una reunión técnica convocada por el vicepresidente de Guinea Ecuatorial en representación de la compañía para la que trabajaban, después de que los directivos no hubieran comparecido.

Según han relatado, tras la reunión les retiraron los pasaportes y fueron trasladados a dependencias de la Gendarmería, donde permanecieron hasta ser enviados posteriormente a la cárcel de Black Beach, en Malabo, un centro penitenciario denunciado en numerosas ocasiones por organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, la ONU y Human Rights Watch.

Las familias han denunciado que ambos fueron detenidos “ilegalmente, sin pruebas y sin motivos”, recordando además que han mantenido reuniones con representantes diplomáticos españoles para abordar el caso y reclamar garantías básicas, como visitas, asistencia médica y acceso a abogados.

Sin embargo, han criticado que la situación apenas ha mejorado y han asegurado que continúan las restricciones y los incumplimientos de las promesas realizadas.

Finalmente, han insistido en la necesidad de “levantar la voz” para evitar que el caso caiga en el olvido y han reclamado al Gobierno español que intensifique todas las gestiones necesarias para lograr la liberación de Javier y David y garantizar el respeto a sus derechos.