El Ayuntamiento de El Puerto derribará los chiringuitos ilegales de Puerto Sherry

El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz) ejecutará de forma subsidiaria la demolición de los chiringuitos-discotecas ubicados en Puerto Sherry, valorada en 360.000 euros, tras la inactividad de las empresas titulares y años de denuncias de Ecologistas en Acción, que ha informado que esta decisión.

Según denuncia la organización, los propietarios de los locales Margarita, Phiphi, Blue y Playa Canalla venían "incumpliendo sistemáticamente con la obligación de desmontar cada año las instalaciones" en un suelo destinado a viario. La entidad sostiene que "todos conocían que eso no se cumplía" a pesar de ser un requisito legal y constar en los decretos municipales firmados por varios concejales del Ayuntamiento y por el propio alcalde, Germán Beardo.

Tras el cierre ordenado el pasado 5 de julio y la caducidad del plazo de diez días concedido para su retirada voluntaria por parte del Ayuntamiento a los propietarios de los establecimientos, el Consistorio emitió el pasado 9 de octubre tres nuevos decretos para iniciar la ejecución subsidiaria. Los expedientes recogen las inspecciones municipales y la valoración económica de los derribos, unos gastos que, según remarca el colectivo, "serán exigidos a las empresas causantes de esta decisión por su rebeldía a acatar la ley".

Ecologistas en Acción considera que esta actuación comienza a poner orden a "una lamentable y caótica gestión municipal" que ha supuesto un "asalto a la seguridad, tranquilidad y descanso de cientos de vecinos, al medio ambiente y a la propia legalidad". Tras el anuncio de la medida se abre ahora un periodo reglamentario de recurso, transcurrido el cual la administración municipal procederá a la demolición definitiva.

Los cuatro chiringuitos de Puerto Sherry tuvieron que cerrar tras la expiración de las autorizaciones administrativas que permitían su actividad, una decisión de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, dueña del suelo donde se ubican, que impidió al Ayuntamiento de El Puerto de Santa María renovar las licencias municipales vinculadas a estos establecimientos.

Los permisos, concedidos inicialmente en 2021 por un periodo de tres años y prorrogados posteriormente, vencieron el 5 de julio de 2026, por lo que los locales debían cesar su actividad a partir del día siguiente.

El cierre se produjo en medio de una controversia por el funcionamiento de los establecimientos, autorizados como quioscos-bar desmontables, pero señalados por desarrollar actividades propias de discotecas sin los permisos correspondientes. Las quejas vecinales denunciaban música a elevado volumen, aglomeraciones, botellones, suciedad y problemas de convivencia, especialmente durante los fines de semana de verano.

En mayo de 2026, la Fiscalía de Cádiz presentó una denuncia para investigar presuntas irregularidades en la tramitación de las licencias municipales, por hechos que podrían ser constitutivos de un delito de prevaricación.

Los empresarios, por su parte, trataron de obtener una medida cautelar que les permitiera mantener abiertos los establecimientos durante el verano, pero la petición fue rechazada al no apreciarse fundamento para prorrogar unas autorizaciones que ya habían vencido.