Presión inmobiliaria en Sevilla: familias amenazadas por fondos buitres y empresas de "desokupación"

El traumático desahucio de Maricarmen en Madrid ha provocado protestas en toda España que se enfrenta a una grave crisis habitacional. Concentraciones espontáneas en Madrid, Barcelona, Cádiz y Sevilla han exigido el fin de un problema estructural que se extiende por toda la geografía española. Andalucía Directo se centra en la provincia de Sevilla, donde los desalojos casi se han duplicado en el último año, registrándose 87 desahucios entre enero y marzo de 2026.

Detrás de las cifras se esconden historias de presión financiera y acoso inmobiliario. Un ejemplo se vive en el número 27 de la calle Jiménez-Becerril, en Sevilla, donde 102 familias residen en viviendas de protección oficial (VPO) de alquiler asequible. La adquisición del inmueble por parte de un fondo buitre ha derivado en renovaciones de contrato con incrementos de renta de entre el 30% y el 50%. Vecinos que pagaban inicialmente unos 300 euros ven cómo sus alquileres se elevan hasta los 488 euros, una cifra inasumible para pensionistas con ingresos reducidos que denuncian no llegar a fin de mes tras abonar el alquiler y los suministros básicos.

A esta asfixia económica inmediata se suma la incertidumbre a largo plazo. Los residentes temen la llegada del año 2036, fecha en la que el inmueble perderá su condición de vivienda protegida y la propiedad podrá comercializar los pisos a precio libre de mercado, abocando a los inquilinos más vulnerables a la exclusión residencial.

La presión no solo adopta la forma de subidas de precio. En los históricos corralones de la calle Castelar, inquilinos con contrato en regla denuncian coacciones e intervenciones de empresas de desokupación para forzar su salida. Entre los testimonios recabados se señalan agresiones, retirada de puertas comunes, cortes de suministros e incluso intentos de incendio. El objetivo final de la propiedad sería la transformación del inmueble en un complejo con un hotel y 35 viviendas de lujo, un proyecto que, según los afectados, choca con la ordenación actual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que califica el suelo para uso de artesanía y servicios múltiples. Las movilizaciones ciudadanas continuarán en los próximos días.