91 familias de Écija, abocadas a salir de su casa tras la compra de su edificio por un fondo de inversión
ANDALUCÍA DIRECTO
Hace 26 años que accedieron a sus viviendas de alquiler social pero, en 2020, un fondo de inversión se hizo con el edificio sin que ellos se enterasen. Ahora, les ofrecen cuadruplicar sus alquileres. Lo cuentan a Andalucía Directo.
Casi un centenar de familias con escasos recursos económicas residentes en un inmueble de protección social en la localidad sevillana de Écija afrontan un futuro incierto tras la adquisición de su edificio por parte de un fondo de inversión, lo que amenaza con triplicar o cuadruplicar los alquileres que venían pagando desde hace más de dos décadas. Hemos estado con ellos en Andalucía Directo.
Las 91 familias afectadas accedieron a estas viviendas hace 26 años mediante un concurso público al que se presentaron más de 500 solicitudes, destinadas prioritariamente a personas y colectivos con menores ingresos. Desde entonces, venían abonando una cuota media de alquiler social cercana a los 80 euros mensuales.
El inmueble, edificado sobre suelo municipal, estaba gestionado por la firma participada Sedesa. Tras la quiebra del entramado empresarial, el edificio salió a subasta pública en 2020 sin que, según denuncian los afectados, se informara formalmente a los residentes ni se les ofreciera la posibilidad de adquirir las viviendas por el precio de adjudicación, estimado en unos 12.000 euros por inmueble.
Tras finalizar el contrato de alquiler social en marzo de este año, la nueva propiedad ha trasladado a los inquilinos tres alternativas: la firma de un nuevo contrato de arrendamiento a precio de mercado (entre 450 y 500 euros mensuales), un alquiler con opción a compra o la adquisición directa del inmueble, opción esta última sobre la que la empresa no ha querido precisar los importes definitivos.
Los vecinos, entre los que se encuentran personas jubiladas, familias monoparentales y desempleados, han manifestado la imposibilidad de asumir los nuevos precios ofertados por el fondo inversor. Como alternativa, la comunidad vecinal plantea fijar rentas de entre 150 y 200 euros mensuales, máximo al que afirman poder hacer frente con sus ingresos actuales.
Asimismo, recuerdan que la concesión sobre el suelo municipal finaliza en el año 2030, por lo que exigen una solución estable a largo plazo que impida su desahucio.
Por su parte, el Ayuntamiento de Écija ha señalado que estudia la puesta en marcha de líneas de subvención destinadas a las familias vulnerables que cumplan con los requisitos administrativos, al tiempo que afirma estar trabajando para mediar un acuerdo equilibrado entre la mercantil propietaria y los residentes afectados.
