Salvar infancias rotas

Lo primero que se le enseña a los niños es que hay que ser bueno y no hacer daño. Sin embargo, muchos adultos les hacen daño a ellos. La nueva Ley Orgánica, a punto de entrar en vigor, tiene como objetivo proteger a los niños y a los adolescentes frente a todos los tipos de violencia.

La ley de protección a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, sitúa a España a la vanguardia. Internacionalmente. Protege a los más vulnerables de nuestra sociedad. Con medidas pioneras, más preventivas que punitivas. Y informando y escuchando a los niños como eje central. Una ley que popularmente es conocida como Ley Rhodes, por la implicación que ha tenido este pianista que sufrió abusos sexuales en su niñez.

La ley, dando respuesta a una vieja petición, prevé impedir que los padres investigados por violencia machista vean a sus hijos. El juez podrá suspender las visitas cuando haya una orden de alejamiento en vigor o cuando haya indicios fundados de que el niño haya convivido con la violencia. Y un paso más: en caso de asesinato, el juez tiene la obligación de quitar la patria potestad al padre.

La ley también soluciona una demanda de muchas ONGs y colectivos: no hace falta desnudar a los niños migrantes que llegan a nuestro país para determinar su edad. Y prohíbe atar a las camas o a puntos fijos a los menores infractores que están internados en centros.

"En su momento, aunque lo estás pasando mal, no te paras a pensar que te están partiendo la infancia", cuenta Lucía que fue víctima de los abusos de su tío desde los 7 a los 13 años. Con doce años se decidió a contarlo. Primero a sus amigos del instituto. Y cuando fue a hablar con la jefa de Estudios, y a denunciar, sus amigos ya habían denunciado. Desde ese momento, empezó el camino para liberarse. Y está a punto. Pero han sido siete años muy tortuosos.

Para las víctimas de abusos sexuales, esta ambiciosa ley implanta grandes logros. La norma protege a todos los menores que, de una manera o de otra, viven una infancia y una adolescencia que no les corresponden.

La nueva ley implanta que se haga la llamada prueba preconstituída. El objetivo es lograr que los menores sólo cuenten lo ocurrido una vez. O como mucho, una para evaluarlos y la segunda y última, cuando haya empezado el proceso judicial.
La prueba preconstituída se hace en dos habitaciones. En una, se reconstruye lo que sería una sala de juicio, con el juez, el fiscal, los abogaos y el investigado. En la otra sala, está el menor con el psicólogo. Ellos no ven en ningún momento al tribunal. Y todo se graba con un circuito interno de cámaras.

Purificación Reyes, coordinadora del Programa de Violencia Sexual, Adima, está a favor de la prueba preconstituída porque "tiene dos elementos que la hacen favorable, tanto para el desarrollo del procedimiento judicial como para la recuperación psicológica del niño".

Por un lado, el hecho de que la prueba se recoja en un momento más cercano a cuando el niño comienza a hablar, hace que ese testimonio se recoja con muchas garantías en relación a sus recuerdos. Es el momento en el que lo tiene vivo, y lo transmite con mucho más detalle, mucha más claridad. Y a nivel psicológico sirve para que el niño pueda continuar con su proceso terapéutico.

En Andalucía, pionera en España, se hace la prueba preconstituída desde 2002, aunque no en todos los casos. Con Lucía no lo hicieron. Esta declaración tiene validez judicial. Y en la medida de lo posible, se evita incluso que el niño tenga que ir a juicio.

Ese, el del juicio es "el punto fuerte", dice Lucía. "Lo pasé muy mal. Yo iba con fuerza. Pero cuando vi la situación. Los jueces arriba, la fiscal, los abogados... Y a él aquí al lado, que sí, que no lo estaba viendo, pero que yo lo estaba notando..."

Como Lucía, cada año unos 1300 menores andaluces sufren abusos sexuales. Siete de cada diez, niñas. Y un 7 por ciento del total, discapacitados. El agresor casi siempre es hombre, y en 8 de cada diez casos, del ámbito familiar.

Lucía denunció pronto. Pero es muy normal que se tarde mucho más. Uno de los mayores logros de la ley es que el tiempo para que prescriban los delitos empieza a contar desde que la víctima cumple 35 años, y no desde los 18, como actualmente. Así, los delitos no caducarán hasta que la víctima tenga 40 años, o incluso 55, en los casos más graves.

Lo deseable es que no haya más Lucías. Pero que si las hay, cuando se atrevan a contarlo, no tengan que enfrentarse a siete años repitiendo, y reviviendo, cómo le robaron la niñez.

900 85 18 18: teléfono contra el maltrato infantil