La regularización no incluye a los apátridas, lo que deja fuera a un grupo importante, los refugiados saharauis. En "Despierta Andalucía" hablamos con Antonio Martínez, secretario de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Sevilla.
"Todos los gobiernos se han puesto de perfil ante una causa como la descolonización del Sahara".
Las oficinas de Correos, de la Seguridad Social y de Extranjería comienzan a atender este lunes las solicitudes presenciales, con cita previa, de los extranjeros sin papeles en España. El Gobierno calcula que serán alrededor de medio millón los migrantes que lo soliciten.
Sin embargo, el proceso no incluye a los apátridas, lo que deja fuera a un grupo importante, los refugiados saharauis. Este colectivo sí figuraba en los borradores del decreto elaborado por el Ejecutivo, según explican desde la plataforma Regularización Ya, antes de caerse del texto definitivo. En "Despierta Andalucía" hablamos con Antonio Martínez, secretario de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Sevilla.
"Es falta de voluntad política", asegura, algo que deja a muchas de estas personas en una situación de "limbo jurídico". "No estamos hablando de los que ya tienen reconocido el estatuto de apátrida, sino de quienes están en periodo de solicitud", un trámite para el que la ley contempla un periodo de tres meses, pero en la realidad dura más de dos años, denuncia.
"Es un patrón contra el pueblo saharaui", destaca Antonio Martínez, que se viene repitiendo desde hace años con quienes, recuerda, hasta hace poco "fueron ciudadanos de la provincia 53 de España". A pesar de esta circunstancia, siempre están "excluidos" de este tipo de regularizaciones.
"Otra vez el Gobierno de España les da la espalda", subraya; "está discriminando a la población saharaui", insiste el secretario de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Sevilla: "no solo este Gobierno, siempre todos se han puesto de perfil ante una causa como es la descolonización" del Sahara". E insiste en que "España sigue siendo la potencia administradora" del territorio y como tal es la responsable de "velar por el bienestar de esa población".
"Cualquier cosa que pueda molestar a Marruecos bien se guarda el Gobierno, y digo el Gobierno", no el pueblo español", distingue, de llevarla a cabo.
En cuanto al número de personas afectadas por esta exclusión, destaca que "el 95 por ciento de las personas que están pidiendo el estatuto de apátrida son saharauis". Acabar con esta situación no solo beneficiaría a este colectivo, sino que puede revertir en bien de toda la sociedad. "Como pensionista quiero que estas familias trabajen, paguen impuestos y ayuden a mantener nuestro sistema de bienestar social", resume.