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Consenso, la asignatura pendiente de la Ley de Educación
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Este martes entra en vigor la LOMLOE, la nueva ley de educación, la octava ley de nuestra democracia
La conocida como ley Celaá nace sin consenso y, por tanto, con pocas expectativas sobre su futuro
Los Reporteros da voz a la comunidad escolar que se queja de no haber sido escuchada, una vez más, a la hora de legislar.
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LODE, LOGSE, LOPEC, LOSE; LOE, LOMCE y ahora LOMLOE. Un trabalenguas que desgrana Los Reporteros. A partir del próximo martes una parte de la Ley entrará en vigor, y a la espera del desarrollo curricular y reglamentario, otra se materializará en septiembre del 2022.
Mientras, la comunidad educativa seguirá reclamando un Pacto de Estado para una materia que representa un recurso fundamental en las sociedades democráticas.
Los redactores de la LOMLOE, destacan la apuesta clara por la educación pública y la inclusión como principio fundamental; la ley, que se ha tramitado en un tiempo récord, y elimina el castellano como lengua vehicular, ha nacido muerta, según considera buena parte de la oposición.
La octava ley de Educación de la Democracia tampoco se ha librado de las protestas en la calle. La escuela concertada se siente la gran perjudicada por la nueva norma.
La ley prima la cercanía al centro como criterio para la adjudicación de plaza. La asignatura de Religión deja de computar, y se incorpora la asignatura de Valores Cívicos y Éticos en los últimos años de primaria y secundaria.
Las asignaturas vuelven a ser obligatorias y optativas en secundaria, aunque el currículum completo está aún por desarrollar. La comunidad educativa lamenta que no se les haya escuchado.
En Andalucía, el 80% del alumnado va a centros públicos, un porcentaje muy superior a comunidades como Madrid, o País Vasco, donde el alumnado se reparte al 50% entre los dos sistemas. Para la escuela pública, la ley Celáa supone un plus, aunque están expectantes sobre si esa apuesta en el papel se materializa con la financiación necesaria.
España es el país de la Unión Europea con mayor número de repetidores. A partir de esta norma, las repeticiones de curso se limitan, y sólo se ejecutarán de manera provisional. Se podrá obtener el título de bachillerato con una asignatura suspensa, y en la ESO se podrá pasar de curso con más de dos asignaturas, si así lo considera el equipo docente.
Los representantes estudiantiles consideran que la ley se queda corta y deja muchos asuntos importantes en el tintero.
El 93% del alumnado andaluz encuentra plaza en el primer centro elegido. El equilibrio entre pública y concertada ha funcionado bien en Andalucía, y según la Consejería, no hay ningún riesgo para que el sistema conviva como hasta ahora.
En la dotación de recursos coinciden todos con quienes hemos hablado. Más discrepancias provoca el plazo de diez años señalado por la ley para los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para atender al alumnado con necesidades educativas especiales. Los centros de Educación Especial se mantendrán como referencia y apoyo.
Participan en este reportaje Clara Romero, profesora de Ciencias de la Educación Universidad Hispalense, Santiago Merino, director del CEIP Astigi, María del Carmen Castillo, viceconsejera de Educación, Ainoa Murcia, portavoz del Sindicato de Estudiantes en Andalucía, Javier Fernández, presidente de la Unión Sindical de Inspectores de Educación en Andalucía, Aurora Tallón, Loreto Ledesma, directora del colegio de Educación Especial Virgen de la Esperanza, Blanca Vaya, Jorge Delgado, portavoz de la Asociación de Directores de Primaria de Sevilla, Esther Galicia, pedagoga, Amalia Rodrigo, presidenta de la AMPA de los Salesianos Santísima Trinidad y Jesús Muñoz De Priego, portavoz de Más Plurales.
