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El pasado mes de abril se aprobaba el Real Decreto que terminaba, en teoría, con las trabas administrativas anteriores para que cualquier ciudadano pudiera tener en su casa una instalación fotovoltaica. Sobre el papel ya no había excusas. Podíamos ser independientes de la red eléctrica, producir nuestra propia energía, incluso vender nuestro excedente. Pero no todo es tan sencillo.
Cuesta entre 3.000 y 4.000 euros, dependiendo de la subvención que se reciba, y con unos 5 o 6 años de amortización. De nuevo la música suena celestial. Pero llega el momento de vender los excedentes. Y topamos con lo de siempre. Para entender bien la trama hay que aclarar varios términos: la comercializadora de energía es independiente de la distribuidora. Endesa sería la distribuidora, y puede ser la productora de energía. Pero hay otras comercializadoras, el mercado ya está abierto, que producen y venden, pero no pueden llevar la energía eléctrica a su casa, porque esa tarea es de las grandes distribuidoras, Endesa, mayoritaria en Andalucía, por ejemplo. Y aquí viene el lío.
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