LOS REPORTEROS
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El reparto nacional de la PAC choca con el campo andaluz

Profundo rechazo de los agricultores andaluces al programa de reparto de ayudas que ha planteado el Ministerio. Estiman pérdidas de 900 millones.

En Los Reporteros estudiamos la situación actual de las negociaciones.

CANAL SUR MEDIA 7 November 2021

El campo andaluz está pendiente de la reforma de la Política Agraria Común europea. Hay temor a perder con el cambio y crece la protesta. Andalucía representa un tercio de la renta y del empleo agrario de España, lo que le ha permitido recibir, hasta ahora casi un 40% de las ayudas que llegan de Europa. En plena cuenta atrás para que nuestro país presente el nuevo plan estratégico de la PAC, la pregunta es ¿qué va a pasar a partir de ahora?. 

A 2 meses de que finalice el plazo que la Comisión Europea da a España para que presente su nuevo plan de reparto de ayudas PAC 2023-2027 el ministro de Agricultura sigue topando con el rechazo del sector agrario andaluz. Y es que se estima que, con la propuesta actual, la pérdida y trasvase de fondos a otras comunidades rondará los 900 millones de euros y puede dejar fuera a 50.000 perceptores.

No se admite que lo que se ganó por altos rendimientos productivos y contraprestaciones a las desigualdades sociales de la comunidad desde la incorporación de España a la CEE hoy se quiera eliminar de un plumazo, haciendo tabla rasa e igualando ayudas con quien no las generó.

Olivar, arrozal y cultivos leñosos no son únicos perjudicados. En estas explotaciones del Bajo Guadalquivir ganadas a la marisma en la última etapa del franquismo, donde hubo reparto de lotes de tierra con casa y yunta de ganado para dar trabajo a la vez que evitar sublevaciones, hoy se dan producciones únicas como el algodón y los mayores rendimientos de hortícolas a cielo abierto de España.

El recorte en las hasta ahora 50 regiones productivas en que estaban repartidas la tipología de las explotaciones agrarias y ganaderas penaliza a Andalucía, según las organizaciones agrarias, porque iguala bajando de categoría sólo en cereales y olivar a más de 2 millones de hectáreas del Condado de Huelva, la Campiña sevillana, la Comarca de Estepa y la Loma de Jaén. Pero la mayor crítica va dirigida a los ecoesquemas, nombre que a partir de ahora se da a la ayuda medioambiental, con un menor presupuesto y que se detrae casi íntegramente de la partida que llegaba directamente al agricultor para pasarlo a una bolsa común de perceptores.

Es en los hortícolas, con hasta 2 y 3 cosechas al año y producciones que en algunos cultivos superan los 120.000 kilos/hectárea, donde el futuro se ve como un auténtico agujero negro. Desde el Ministerio se asegura que, dada la obligatoriedad de convergencia o igualdad en un 85% de la ayuda en 2027, se llega hasta donde se ha podido.

Luis Planas, Ministro de Agricultura, explica que "catorce de las 17 comunidades autónomas no querían lo que hemos incluido: es decir que los perceptores, pequeños agricultores de menos de 5.000 euros, que son el 60% de los que hay en Andalucía, pudieran acogerse y lo hemos logrado. Igual que el pago redistributivo, que es muy importante para los pequeños agricultores, y que el limite 100.000/200.000 euros como tope máximo de la percepción de ayudas. Y demás el programa especifico para el olivar tradicional...La comisión europea ha sido muy clara: las referencias históricas no se pueden volver a utilizar. Por tanto lo que hemos hecho es un ejercicio donde yo creo que es una PAC mejor distribuida y donde hemos limitado hasta donde se ha podido las transferencias territoriales".

Fracasado octubre, ya solo queda una última bala al ministro para que a final de este mes o principios de diciembre pueda recabar el apoyo de Andalucía y que con la presentación del plan estratégico nacional de ayudas antes de que acabe el año la Comisión Europea lo pueda dar su visto bueno en el primer trimestre de 2022. Sin tal requisito, el inicio en el reparto de ayudas, que en conjunto representará más de 34.000 millones de euros hasta 2027, sufrirá retrasos. O lo que aún pueda resultar peor: que se lleve a su aprobación sin consenso de las 17 comunidades y se ponga en peligro el motor socioeconómico del complejo agroalimentario de esta región, con una agroindustria que dinamiza el medio rural, genera más del 10% del empleo y representa un negocio de 30.000 millones/año.

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