La llave de un derecho

Sólo un 1,6 por ciento de los 18 millones y medio de las viviendas en España, son viviendas sociales, es decir, tienen un precio que no depende del mercado, sino de la renta de quiénes las habitan. En Francia, Alemania o Dinamarca alcanzan el 15 por ciento. El gobierno acaba de aprobar el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda: la  primera de ámbito nacional en democracia. Una norma que busca, precisamente, potenciar la vivienda a precios asequibles. Analizamos las novedades de una norma muy esperada, que podría tardar más de un año en ver la luz.

Carmen, Roberto, Paula, o Eduardo tienen perfiles diferentes. Algunos trabajan, pero no pueden elegir con quién o dónde vivir. Otros dependen de ayudas... o de la voluntad de un banco para tener un hogar. Todos comparten la misma necesidad: Un techo. Son nuestros protagonistas.

Asistimos a uno de los momentos más importantes de la vida de Roberto y de Paula, tienen 27 años y están firmando su primer contrato de alquiler, nos cuentan que han tardado varios meses en encontrar un piso que se ajuste a sus necesidades y también al precio que pueden asumir, porque como ellos hay muchos jóvenes que a pesar de estar trabajando no pueden pagar el precio de un alquiler"

En España, el 55 por ciento de los jóvenes menores de 30 años vive con sus padres. El bono de 250 euros para ayuda al alquiler, es una de las novedades de la ley. Un impulso a la emancipación de jóvenes hasta 35 años, del que podrían beneficiarse: pagarán 690 euros al mes por este piso. A pesar de estar lejos del centro, han tardado en encontrarlo. Después han tenido que firmar un seguro de impago.

Precisamente la figura del propietario tiene un papel controvertido en la nueva ley. Según los casos hay incentivos o penalizaciones. Por ejemplo: si el dueño de una de estas viviendas baja el precio del alquiler un 5 por ciento, si sus inquilinos son jóvenes o de escasos ingresos, podría obtener rebajas fiscales: hasta el 90 por ciento en el IRPF.

Sin embargo, si su piso está en una zona tensionada de alta demanda y precios disparados, no podrá subir el alquiler a los nuevos inquilinos, a menos que haga reformas o contratos de hasta 10 años. La subida nunca superará el 10 por ciento

Aunque la ley sí reserva un papel a las administraciones, prevé que los ayuntamientos suban el IBI a las viviendas desocupadas durante más de dos años, hasta un máximo del 150 por ciento, según los casos. También se insta a los gobiernos autonómicos a recalificar el suelo, para limitar los precios en zonas tensionadas, pero algunos ya h an anunciado que no lo harán, porque esta ley no es de aplicación directa.

El foco se pone en los grandes propietarios entidades jurídicas, dueños de más de 10 inmuebles: no podrán subir el precio del alquiler libremente. La mensualidad se fijará con tablas de referencia del Ministerio de Transportes.

Pero ¿son esos grandes propietarios la solución? Sólo entre el 4 y el 5 por ciento de los pisos en alquiler está en sus manos. Falta vivienda pública. En Andalucía hay 49.000 destinadas a alquiler: el 2 ó el 3 por ciento del total. Por eso esta ley reserva el 30% de cada promoción a este fin. Se contemplan compensaciones, pero hay incertidumbre.

¿Qué dice la ley sobre los inquilinos más vulnerables?. Eduardo, rehipotecó su casa tras la crisis de 2008. Y la perdió. Paga 50 euros al mes al banco, dueño actual del que fue su piso. En abril termina su contrato.

En casos vulnerables, la futura norma suspenderá el desahucio hasta que las administraciones ofrezcan un techo durante -al menos -dos meses. El Decreto Anti Desahucios aprobado en pandemia se prorroga, hasta que se apruebe la ley. Un respiro, de nuevo, provisional.

Carmen va a cumplir 30 años. Es Autónoma, no puede asumir un alquiler, en solitario. Y mucho menos en el céntrico barrio sevillano donde creció. Se lamenta porque es aquí donde nació y creció pero, de momento, se le hace inasequible.