La Junta hará efectiva antes de final de año la subida salarial a los funcionarios

El Gobierno andaluz hará efectiva antes de final de año la subida salarial adicional del 1,5%  para los empleados públicos acordada entre el Ejecutivo nacional y los sindicatos CCOO y UGT.

Lo ha manifestado el portavoz del Gobierno andaluz y consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco en una entrevista en La Mañana de Andalucía, quien ha concretado que la Consejería de Hacienda ya está trabajando en las pertinentes modificaciones presupuestarias para que esa subida salarial sea efectiva "antes de final de año".

El Real Decreto de eficiencia energética, donde el Gobierno central ha incluido la subida salarial a los empleados públicos, se establece que, en el ámbito de las comunidades autónomas y entidades locales, el pago se tendrá que materializar "antes del 31 de diciembre de 2022 y, en todo caso, con anterioridad al 31 de marzo de 2023".

Por otro lado, Fernández-Pacheco ha afirmado que la Junta  no tiene interés en ser "oposición" al Gobierno, al que pide diálogo en lugar de "tribunales" y se ha mostrado confiado en que el Gobierno central no acabe recurriendo en los tribunales el decreto autonómico de revisión de precios de los contratos públicos de las obras. Ha mostrado su preocupación por que el Gobierno central haya anunciado la posibilidad de recurrir este decreto andaluz, que tan necesario es para muchas empresas por cuanto los costes de los materiales están por las nubes y la obra pública está prácticamente paralizada.

Fernández-Pacheco ha expresado su preocupación por que todo lo que se aprueba en el Parlamento procedente del Gobierno andaluz, tiene una "contestación" del Ejecutivo nacional, como ya ocurrió en su día con la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista)

Ha recordado que las discrepancias que el Gobierno central planteó sobre la Lista, finalmente, se solventaron en el seno de una comisión bilateral. Ha confiado, por ello, en que así ocurra con el decreto de de revisión de precios de los contratos públicos de las obras, y que el Ejecutivo nacional no lo lleve a los tribunales.