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Este domingo 18 de junio se conmemora el Día Internacional para Contrarrestar el Discurso de Odio proclamado por Naciones Unidas y Días D Andalucía ha querido abordarlo desde diferentes puntos de vista haciéndose eco del paso dado por la Administración andaluza para tratar de que estos delitos no queden impunes.
Y es que la Consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad ha llevado a cabo este año 2023 la primera personación de la Junta de Andalucía ante un delito de odio por orientación sexual. Ha sido ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de La Carolina (Jaén) ante el caso del suicidio de la joven Nieves, de Navas de San Juan, la cual denunció en varias ocasiones ciberacoso por su orientación sexual. Su familia lleva casi dos años esperando que se haga justicia.
El coordinador de Diversidad de esta Consejería, Fran Obes, ha asegurado que "es un paso importante porque la Administración tiene que estar al lado de las víctimas y que sepan que hacemos todo lo que está en nuestra mano para ayudar".
Y aunque es un gran paso, Obes incide en la prevención y para ello reivindica los pasos que sobre ello está dando la Consejería con "una guía de delitos de odio; la campaña para el día 28 por el Orgullo; el trabajo de la mano de las entidades que son las que están a pie de calle, en sus charlas y cursos; y la formación al personal de Educación y las charlas en los centros escolares".
El coordinador de Diversidad ha destacado el "aumento" de casos contra el colectivo LGTBI.
Por su parte, la Fiscal Delegada en la provincia de Málaga contra los Delitos de Odio y la Discriminación, María Teresa Verdugo, ha respaldado el movimiento de la Junta porque "todo lo que sea que la Administración se implique es una buena noticia", si bien le reclama a los gobernantes un papel más activo en la "prevención".
También ha intervenido el presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, quien ha admitido que en España hay "una buena legislación" pero reclama que "hay que aplicarla". En este sentido se ha referido a la Ley integral para la igualdad de trato porque "ha pasado un año y no se ha creado la autoridad que debe sancionar". Por ello cree que se extiende la impunidad y el "no pasa nada" cuando no es un delito penal y hay que dar "una respuesta sancionadora" desde la Administración.
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