Andalucía crea una Ley de Infancia y Adolescencia para "agilizar" la acogida de menores en riesgo

La consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta ya tiene preparada una Ley de Infancia y Adolescencia que actualice la actual que data de 1998. En ella se regularán conceptos hasta ahora en el aire como el acceso de los niños a las Redes Sociales y la tecnología en general y, sobre todo, se contempla la introducción de la declaración de riesgo para evitar que los menores en situación vulnerable pasen mucho tiempo en centros residenciales. La titular de la consejería, Rocío Ruiz lo ha explicado en La mañana de Andalucía.

Se ha aprobado y ahora comienza su trámite parlamentario y se presenta con la intención "de proteger y salvar a la infancia". Pero aparte de ese marco general, hay puntos que Rocío Ruiz ha querido destacar como retos y es que "no haya niños menores de 13 años en centros residenciales y que los menores de 7 años pasen allí menos de tres meses". Para ello se va a "potenciar las familias de acogida a las que les vamos a dar facilidades porque la labor que hacen es impagable". Para ponerlo todo en marcha se va a "agilizar" los trámites y en ello será clave la llamada "declaración de riesgo" que determinará un órgano colegiado y los servicios sociales. "Habrá un plazo de 12 meses para que el menor entre en un programa de intervención con las familias y si no se consigue pasaría a ser tutelado por la Junta y se agilizarían los trámites para la adopción".

Otro de los puntos claves y desactualizado respecto a la ley del 98 es el de la relación de los menores con las nuevas tecnologías. "Hay que regular este factor de riesgo porque no hay nada regulado sobre el acceso de los niños a Redes Sociales, pornografía y ciberadicciones", ha comentado Rocío Ruiz.

La nueva ley, en su espíritu, trata de "compensar la desigualdad, actuando antes incluso del nacimiento para evitar que la pobreza pase de padres a hijos como ocurre con 3 millones de personas". Y para ello, según la consejera, "la ley aporta 2.500 millones de euros con la participación de varias consejerías".