Estado de decepción: un expresidente ante el juez

Imagen inédita la que nos ha dejado esta semana: un expresidente del Gobierno declarando como imputado. José Luis Rodríguez Zapatero se enfrenta a los cargos de supuesta organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. Su entrada en la Audiencia Nacional es el símbolo más devastador para los socialistas. "No hablé, no sólo no influí o no me interesé, no hablé con ninguna autoridad política, con ningún funcionario, con ningún empleado público, sobre el rescate del Plus Ultra", ha declarado el que consideran faro moral del PSOE.

Plus Ultra, más allá en latín, lema nacional, nombre del hidroavión que completó el primer vuelo entre España y América y el de la compañía aérea cuyo rescate ha puesto en el foco de la justicia en su persona. El caso Plus Ultra lleva ya 5 años en los tribunales. Desde el rescate en 2021 de la compañía con 53 millones de euros de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. La policía pone al expresidente en la "cúspide" de una red que intervino en la subvención, y como "principal beneficiario", la empresa de sus dos hijas, también imputadas. Se habría usado como tapadera para blanquear dinero procedente del contrabando de oro venezolano y de la malversación de ayudas sociales de ese país. Como centros de operaciones: su despacho y su chalé en Madrid. Y de ahí a Venezuela, China y otros lugares del mundo. La defensa de Rodríguez Zapatero cuestiona la garantía procesal de los más de 150.000 mensajes intervenidos por Estados Unidos y que han dado un giro al caso. El juez no le ha impuesto medidas cautelares, pero mantiene sus dudas sobre el expresidente. 

"Ha sido un mazazo moral y emocional importantísimo, desde luego en las filas de los militantes, dirigentes, cuadro medios del PSOE, pero también en buena parte de sectores progresistas de la sociedad", según analiza Anabel Díez, periodista de "El País". En poco más de un mes, Pedro Sánchez ha visto para sentencia el caso Mascarillas, contra el que fuera su mano derecha, José Luis Ábalos; y contra su hermano, por su contrato con la Diputación de Badajoz; pero también, a su mujer, en una vista preliminar; registros en la sede del PSOE; y, como colofón, la imputación de un referente del partido. La deriva del Plus Ultra es el golpe más duro en la tormenta judicial que azota al PSOE este mes de junio.

"Pueden ser los más discutibles, los de la mujer y el hermano, que ya se verá, pero bueno, que hasta juicio han llegado", asegura Vicente Tovar, abogado y juez en escedencia. "Es verdad también que estos procedimientos se inician con ejercicio de acciones populares, que probablemente, de no ser esas personas, probablemente no se hubieran iniciado, porque seguramente la fiscalía no hubiera iniciado esos procedimientos... Pero hay que regularla, hay que fijar unos requisitos, hay que fijar unos presupuestos, fijar unas exclusiones. A lo mejor los partidos políticos no deberían, o no se debería permitir, ejercitar acusación popular contra los otros, que lo hacen los dos. En cualquier procedimiento de estos actuales está personado el Partido Popular y en la Kitchen, por ejemplo, que es contra el Partido Popular, está personada una abogada del PSOE".

A esta causa se le ha sumado una pieza separada por supuesto delito fiscal y de contrabando tras las joyas halladas en el registro de su despacho, y valoradas en algo más de un millón trescientos mil euros. La defensa lo atribuye a regalos de su etapa como presidente y pide más tiempo para justificar su origen. "La pregunta ahora es si alguien va a asumir algún día las responsabilidades políticas de lo que estamos viviendo.", afirma Álvaro Nieto, director de "The Objetive".

Hay ministros que alimentan la tesis de una ofensiva judicial para dinamitar el gobierno. De momento, lo que hay es una investigación por una presunta trama para proteger los intereses del ejecutivo frente a estos casos, y que estaría liderada por la conocida como fontanera del PSOE, Leire Díez, y por Santos Cerdán, ex secretario de organización del mismo. "Yo creo que no corresponde hablar de golpe judicial ni nada por el estilo. España es un estado de derecho, hay separación de de poderes y los tribunales funcionan", añade Nieto.

"Cuando los políticos dejan de hacer su trabajo, dejan de hacer su control ético, dejan de hacer su control político y empiezan a judicializar la política, pues de alguna manera los jueces empiezan a hacer política", opina Giselle García Hipola, politóloga de la Universidad de Granada: "Dejemos hacer a los jueces lo que tienen que hacer y en ese sentido. Si hay asuntos políticos o de políticos que llegan a la judicatura, dejemos que efectivamente se instruyan y se juzguen debidamente, que es lo que hay que hacer".

Otro debate abierto es hasta dónde puede llegar la actividad de los expresidentes. Para Ángel Valencia, catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad de Málaga, "este tema es mucho más importante. Cuestiona o pone de manifiesto la situación, digamos, de los expresidentes en España, el tema pues eso de la cuestión de si se puede, qué es lo que hacen los expresidentes, el tema de si se puede hacer lobby..." Para Giselle García, "tenemos ahí un vacío legal. Nosotros no tenemos una legislación específica sobre las incompatibilidades que puede tener un expresidente de Gobierno y de ahí que la línea entre el tráfico de influencia y el hacer lobby o el intentar ganarse la vida después de la política es bastante difusa".

Cada nueva diligencia endurece un debate que trasciende los tribunales para instalarse en el centro de la confrontación política. Con todos los interrogantes abiertos, Sánchez parece encomendarse al calendario. Pero hay temporales que no remiten por agotamiento. Sólo esperan su siguiente descarga.