David Rodríguez y Javier Marañón: año y medio en la peor prisión de Guinea Ecuatorial

"Quince meses de incomunicación total, ninguna visita de familiares, sin derecho a visita de su abogado". Así resumen sus allegados una situación que califican de desesperada. Denuncian que, desde el primer momento, el proceso estuvo rodeado de irregularidades: "Los hechos se desconocen. Lo primero que se hace es recluirlos en prisión provisional". Mientras tanto, continúan llegando testimonios sobre las condiciones de las cárceles del país: "Te ponen los grilletes, te cuelgan en una altura así, se divierten viéndote colgado...".

Todo comenzó cuando, según explica la familia, "convocaron a alguien de la empresa a una reunión con el Gobierno para dar una serie de explicaciones técnicas sobre la TDT, porque al parecer no estaban muy contentos con la evolución del proyecto". En aquel momento, "los dos únicos españoles que quedaban en la empresa eran Javier y David", quienes acudieron pensando que únicamente debían aportar explicaciones técnicas. Sin embargo, "tras esa reunión se les retiró el pasaporte y al día siguiente se les detuvo". Fueron conducidos a los calabozos de la gendarmería durante dos meses y posteriormente trasladados a Black Beach.

Black Beach, Playa Negra, situada en la isla de Bioko, en Malabo, la capital del país, es la prisión más conocida de Guinea Ecuatorial. Desde hace décadas arrastra una siniestra reputación, como otras cárceles africanas de las que resulta muy difícil obtener imágenes. Construida en los años cincuenta bajo dominio español, tras la independencia de 1968 se convirtió en uno de los principales escenarios de la represión. Antes de su golpe de Estado en 1979, el propio Teodoro Obiang fue su alcaide. Cuarenta y cinco años después continúan las denuncias de organismos internacionales por hacinamiento, escasez de alimentos y torturas. Diseñada para unas 400 personas, albergaría actualmente a más de un millar de reclusos.

La angustia se respira en la casa de Javier, en Córdoba. Allí cuentan que "ya tienen una cama cada uno, pero hasta hace tres meses tenían una cama para los dos en una litera en una habitación con veinte presos más". Recuerdan también las tres huelgas de hambre protagonizadas por Javier: "No tenía ni fuerzas para subir a esa litera de arriba". En una de ellas, incluso, "llegó a pedir que le diesen un documento donde él renunciase a que le pusieran suero; eso quiere decir que te quieres morir".

La información llega a las familias a cuentagotas. Sostienen que la detención se produjo sin notificación formal de cargos y sin asistencia letrada.

En Granada, el padre de David recibe al equipo de Los Reporteros rodeado de fotografías familiares. Entre recuerdos de infancia habla de su hijo con emoción: "Salió a la madre, la madre era rubia y salió a ella". La última conversación directa con él fue hace meses: "En la Navidad última hablamos diez minutos con ellos y desde entonces no tenemos contacto directo con él. Deseando salir de esa pesadilla porque es una pesadilla".

Mientras tanto, sus representantes legales cuestionan el procedimiento judicial. "El procedimiento desde la base es completamente irregular", sostiene uno de sus abogados. Considera que no existe justificación para mantener la prisión provisional y recuerda que ambos eran "dos trabajadores, uno auxiliar administrativo y otro técnico de vídeo", perfiles que, afirma, "no son el de un defraudador, un evasor fiscal o un sobornador". Además, insiste en que tenían arraigo suficiente y que, incluso en el hipotético caso de una condena, "se podría haber solicitado el cumplimiento de esa condena en España". A su juicio, "se trata de mantener esa situación sine die".

El origen del caso se encuentra en una investigación abierta por las autoridades de Guinea Ecuatorial sobre presuntas irregularidades en la adjudicación y ejecución del proyecto de implantación de la televisión digital terrestre. En ese contexto fueron detenidos Javier y David. Según la defensa, "la investigación terminó el verano pasado" y posteriormente se dictó un auto que los incorporó a la supuesta trama. "Se les puede acusar de lo que quiera porque en este caso no es necesaria ninguna prueba", denuncia el abogado, quien recuerda que ambos trabajaban para empresas distintas de la adjudicataria y que sus categorías profesionales eran las de auxiliar administrativo y técnico de vídeo. Además, asegura que "se ha dicho claramente desde Guinea Ecuatorial que mientras la empresa no pague los cuatro o cinco millones, no salen".

La familia de David tampoco encuentra explicación a lo sucedido. "Acababa de tener un hijo y organizando su boda. Estaba en el mejor momento de su vida. Fue llegar allí y se le parte la vida sin haber hecho nada". Para ellos, todo responde a la necesidad de encontrar responsables: "Como no hemos podido detener a los principales responsables, vamos a detener a estos dos cabezas de turco porque son españoles".

Las familias han llevado el caso al Congreso de los Diputados y al Parlamento Europeo. Un diputado del PP denunció que "dos ciudadanos españoles han sido secuestrados y están en una cárcel en situaciones inhumanas y con su vida en grave riesgo". "Es hora de alzar la voz y que el régimen de Guinea Ecuatorial se responsabilice de estos asuntos". "No hablamos de inmiscuirnos en un procedimiento judicial. Hablamos de dos andaluces que están en una prisión y que están sufriendo agresiones, malos tratos y a los que no se les está prestando asistencia sanitaria".

La respuesta oficial del Gobierno de Guinea Ecuatorial insiste en que "España debe respetar la soberanía nacional y la independencia de sus instituciones", un mensaje trasladado al embajador español en Malabo.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores asegura que la Embajada de España ha visitado a ambos en más de veinte ocasiones desde enero de 2025 y mantiene gestiones constantes para garantizar asistencia médica, defensa jurídica y visitas familiares. Esas gestiones han permitido, al menos, que la mujer de Javier pudiera visitarlo recientemente. Tras el encuentro, ella transmitió un mensaje desolador: "Nos ha dicho que físicamente están cansados y moralmente se sienten abandonados".

En Granada, los compañeros de David continúan movilizándose. Recuerdan el impacto de la noticia: "Lo último que esperábamos era eso". Destacan que viajaba con frecuencia al país y jamás imaginaron que pudiera verse envuelto en una situación semejante. Como profesional, aseguran, "era muy apreciado" y siempre hablaba de las dificultades de trabajar "en una dictadura, con corrupción, donde los derechos humanos... directamente no existen".

Amnistía Internacional también conoce el caso. Un portavoz recuerda que existen denuncias por torturas tanto en Black Beach como en Oveng Azén y resume las condiciones de ambas prisiones: "Poca alimentación, tortura...".

Francisco conoce ese infierno en primera persona. Electricista y residente en España desde 1998, fue detenido en 2018 y trasladado a Black Beach. Todavía recuerda las torturas: "Te cuelgan y ponen aquí los grilletes... con tu propio peso". Dormía en el suelo de cemento, pasó cuatro meses sin sábanas y hubo días en los que no recibió comida. "Si te dicen eso, ¿a quién vas a recurrir?".

Condenado posteriormente a sesenta años de cárcel por una presunta conspiración contra el Gobierno, consiguió salir años después por motivos de salud. Hoy vive en España, pero asegura que las secuelas siguen presentes: "He venido machacado, machacado... Yo ya no soy nada. Tengo secuelas por todo el cuerpo".

Mientras tanto, David Rodríguez y Javier Marañón continúan esperando poder abrazar de nuevo a sus familias. Hasta que ese día llegue, sus seres queridos seguirán reclamando que vuelvan a casa.