Comunidades energéticas: un modelo que choca con la burocracia y el oligopolio eléctrico

El recién estrenado mes de julio vuelve a traer consigo la época de mayor consumo energético en Andalucía, un impacto directo sobre los bolsillos de los ciudadanos. Frente a esto, el modelo de las comunidades energéticas —impulsado por la Unión Europea para permitir el autoabastecimiento colectivo mediante renovables— se postulaba como la gran solución. Sin embargo, siete años después de su regulación europea y cinco tras su puesta en marcha en España, la transición social de la energía no termina de arrancar: apenas representa el 1% del consumo doméstico. De las 262 iniciativas impulsadas por el Ministerio para la Transición Ecológica, respaldadas con 108 millones de euros, apenas una de cada cuatro está funcionando debido a las trabas burocráticas, el bloqueo de las grandes distribuidoras y la intromisión del oligopolio eléctrico.

En medio de este desierto normativo, el municipio gaditano de Alcalá del Valle se ha convertido en un referente de resistencia y soberanía energética. Con el apoyo de la Diputación provincial, han instalado 608 módulos solares en tejados municipales que producen 577.000 kilovatios al año, lo que equivale a la mitad de todo el consumo del municipio. Rafael Aguilera, alcalde de Alcalá del Valle, explica que "la idea surge porque sufrimos una gran invasión de grandes multinacionales queriendo implantar en nuestros municipios grandes megaproyectos que acaparaban más de 500 hectáreas de tierra. Y no nos lo podíamos permitir bajo ningún concepto". El regidor defiende un modelo sin ánimo de lucro orientado al beneficio social, estimando que el abaratamiento de la factura de la luz para los hogares y pymes inscritos oscila entre un 40% y un 50%. Para proteger su entorno, el Ayuntamiento modificó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) limitando los proyectos a un máximo de 10 megavatios, blindándose así frente a las multinacionales cuyas instalaciones mínimas suelen ser de 50 megavatios.

A pesar del éxito local, el desarrollo técnico ha estado plagado de dificultades. Antonio Sánchez, dinamizador de la Comunidad Energética de Alcalá del Valle, subraya que las deficiencias técnicas del entorno rural y las trabas para conectarse a la red eléctrica convencional son los principales escollos, señalando que "la infraestructura eléctrica del medio rural es muy precaria y no aguanta... El enemigo no es el que nos tiene que legalizar; porque el enemigo es parte interesada en este asunto". La iniciativa cuenta actualmente con 255 socios. Inmaculada Niebla, presidenta de la Asociación "La luz del Pueblo" de Alcalá, recuerda el perfil social de los beneficiarios al explicar que en la gran mayoría de casos los socios son personas que viven de pensiones agrícolas y que, cuando vino la subida por la guerra de Ucrania, la mitad de la pensión se iba íntegra para la factura de la luz. Vecinos como Charo Muñoz o el hostelero Rafael Cruces confirman este alivio económico tras sufrir facturas acumuladas o mensualidades que rozaban los 1.200 euros en los momentos más críticos del mercado.

Andalucía sufre una paradoja flagrante: es la región con mayor potencial en energía solar del sur de Europa, pero avanza a la zaga en la consolidación de estos proyectos comunitarios. Mari Carmen Romero, presidenta de la Asociación Andaluza de Comunidades Energéticas, denuncia que "aunque es la que tiene el mayor potencial en energía solar y energías renovables del sur de Europa, es la que va más retrasada. Solo se han ofrecido ayudas a 34 comunidades energéticas y en otros sitios como Cataluña pues se duplican". Romero apunta directamente al cuello de botella de la tramitación, asegurando que la traba legislativa surge al pedir el enganche a las grandes eléctricas, un proceso que puede llegar a tardar incluso dos años más.

La falta de un registro oficial claro alimenta la opacidad del sistema. Cristina A. Saavedra, coordinadora de la Coalición por la Energía Comunitaria, advierte del riesgo de que las grandes compañías desvirtúen esta figura protectora: "Como no hay un marco legislativo favorable, se está pervirtiendo el concepto de comunidades energéticas y tenemos al oligopolio, a Iberdrola, Naturgy y etcétera, hablando de comunidades solares (...). El 30% de las subvenciones en los tres primeros programas del ministerio se los llevó Repsol". Saavedra recuerda que, por definición, los beneficios de estos proyectos deben ser económicos, sociales y medioambientales, pero nunca lucrativos ni financieros.

Desde el plano técnico e institucional se aboga por la paciencia y el esfuerzo compartido. Sara de la Serna, responsable del Departamento de Gestión e Integración de Renovables del Ministerio para la Transición Ecológica, defiende que, pese a las dificultades, la evolución es positiva, aunque reconoce que "para llegar aquí y que una comunidad energética pueda solicitarte las ayudas es un recorrido muy largo... Se trata de solventar la parte social: reunirte con tus vecinos, llegar a acuerdos con ellos, constituir unos estatutos... Es un proceso terriblemente complejo". Pese a todo, De la Serna destaca que, según datos de ECODES, el mapa nacional ya registra 837 iniciativas, lo que supone multiplicarse por 25 en poco más de cinco años, y avanza que la nueva legislación incluye una partida de 10 millones de euros para Oficinas de Transformación Comunitaria.

En el ámbito regional, Joaquín Villar, jefe del Departamento de Internacionalización de la Agencia Andaluza de la Energía, señala la falta de un armazón legal desarrollado a nivel de normativa que otorgue seguridad jurídica a los ayuntamientos. Para revertir la situación, la Junta trabaja en diez medidas estratégicas que incluyen formación, proyectos piloto y un fondo específico de 10 millones de euros orientado a hogares vulnerables, con el ambicioso objetivo de duplicar la potencia de las instalaciones de autoconsumo colectivo en la comunidad.

La transición hacia un modelo energético descentralizado y democrático ya no es una opción, sino una urgencia social y económica. Las pequeñas y medianas empresas españolas son responsables del 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero y deberán seguir la senda climática de las grandes corporaciones. La cuenta atrás ha comenzado: de cara a 2027, las empresas cotizadas estarán obligadas por ley a presentar sus informes de impacto ambiental. Como refrán periodístico y empresarial, a buen entendedor, sobran las palabras.