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Economía
La Unión Europea y el Mercosur (Mercado Común del Sur), bloque formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, han firmado en Montevideo un acuerdo para crear la mayor zona de libre comercio del mundo.
El pacto tiene en pie de guerra a los agricultores europeos, que ven amenazados sus intereses. También se oponen sindicatos y ecologistas europeos. El acuerdo no tiene fecha fija para su entrada en vigor y necesita ser ratificado por todos los países miembros. Francia e Italia han anunciado que no lo van a respaldar.
Para la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la alianza no es solo una oportunidad económica, sino una necesidad política. Bruselas ve en el tratado una forma de contrarrestar la creciente influencia comercial de China y el proteccionismo en forma de aranceles anunciado por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.
El gobierno español asegura que se trata de un acuerdo positivo y equilibrado. Según el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo favorecerá la diversificación de los flujos comerciales, la resiliencia de nuestras cadenas de suministro, el crecimiento económico y, en definitiva, la creación de empleo.
Francia, en cambio, se ha mantenido contraria a este acuerdo. Por su parte, Italia asegura que no lo firmará, a menos que incluya mayores garantías para el campo.
Los agricultores europeos han venido mostrado su rechazo al acuerdo con el Mercosur y anuncian protestas para este mismo lunes en Bruselas. La presidenta de la Comisión Europea sostiene que el tratado beneficia a todos y que incluye fuertes salvaguardas para proteger al sector agrario europeo.
La Unión Europea y el Mercosur llevan negociando este acuerdo 25 años. En 1995, el Acuerdo Marco Interregional de Cooperación sentó las bases para negociaciones más profundas. En 2019 alcanzaron un "acuerdo de principio", que fue calificado como histórico por ambos bloques. Ahora el proceso entra en una nueva etapa. El pacto tendrá que pasar, en primera instancia, por el Parlamento y por la Comisión Europea.
Organizaciones de consumidores, ecologistas y sindicatos del viejo continente han mostrado su rechazo a un acuerdo que afectará a más de 700 millones de consumidores.
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