Ignacio Chaves: "Se está vulnerando el derecho de los propietarios de vivienda turística"

La Junta ha cancelado más de nueve mil viviendas turísticas en los últimos 18 meses, en estrecha colaboración con los ayuntamientos. Por provincias, el balance de cancelaciones es de 670 en Almería, 1.064 en Cádiz, 620 en Córdoba, 1.674 en Granada, 389 en Huelva, 283 en Jaén, 3.426 en Málaga y 1.087 en Sevilla.

Ignacio Chaves, vicepresidente de la Asociación Andaluza de Viviendas y Apartamentos Turísticos ha dicho, en una entrevista en "La mañana de Andalucía", que apoyan la cancelación de estas viviendas que no cumplan las normas pero, consideran que no siempre se salvaguardan los derechos de los propietarios. 

"Todo lo que sea cancelar una vivienda de uso turístico porque no cumple los parámetros que se establecen en el decreto de la Junta y en los propios municipios, siempre que se respete la legalidad, el derecho de los propietarios, nosotros no tenemos nada que oponernos. Es la normativa y estamos para cumplirla. Apoyaremos a las administraciones que lo hagan siempre que se salvaguarden los derechos de defensa de los propietarios. Lo que pasa es que no siempre se está cumpliendo. La Junta tiene competencias exclusivas en materia de turismo y son los ayuntamientos los que tienen la competencia en materia urbanística. Esos convenios que se han firmado por parte de la Junta de Andalucía con los ayuntamientos no aclaran exactamente cuando y en que proceso administrativo puede un ayuntamiento decir que una vivienda no cumple los parámetros. Lo estamos viendo, por ejemplo, en Sevilla y otras capitales andaluzas, que se está remitiendo un escrito diciendo que la vivienda no cumple", señala en una entrevista en "La mañana de Andalucía"

Ignacio Chaves considera que se están vulnerando los derechos de los propietarios en muchos de los casos.

"No se puede mandar un listado por parte del ayuntamiento diciendo todas estas viviendas incumplen y que la Junta inicien la cancelación. Se está llevando la discusión de si es o no urbanísticamente una vivienda legal a una consejería que no tiene competencias urbanísticas. Se está haciendo muy tedioso que el propietario se pueda defender. La garantía jurídica con la que se debe proceder, por las prisas, y la opinión públicas, pues creemos que se están vulnerando", señala.