La subida de la luz dispara el IPC al 3,3%, su máximo en casi una década

El precio de la luz despide agosto en máximos tras batir ocho récords en el mes. Esas subidas del precio de la luz sitúa al IPC, en este mes de agosto, al 3,3%, su cota más alta en casi una década. Y esto se está notando ya en la cuesta de septiembre a falta de pocos días para el comienzo del curso. La vuelta al cole va a ser un 2% más cara, sobre todo, en material escolar. Y también suben la alimentación y la gasolina.

 

 

El precio de la electricidad en el mercado mayorista (pool), referencia en España para calcular la tarifa regulada que pagan unos 10 millones de hogares, ha cerrado un agosto de máximos en el que ha batido ocho récords, lo que lo convierte en el mes más caro de la historia de la factura eléctrica.

Aunque el precio más alto son, precisamente, los 130,53 euros el megavatio hora (MWh) que marcará este martes, el pool ha rondado de media los 106 euros/MWh en el mes, después de situarse por encima de los 100 euros hasta en 23 sesiones, según los datos elaborados por Efe con información del operador del mercado ibérico OMIE.

Los altos precios de este agosto contrastan con la situación de hace un año, cuando el pool, de media, se mantuvo en unos 36 euros/MWh, esto es, tres veces menos. De hecho, el máximo del mes fueron 46,25 euros, casi 85 euros menos que el registrado en el mismo periodo de este 2021.

RIBERA DESCARTA UNA INTERVENCIÓN PÚBLICA.

La vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha descartado la intervención publica en los precios del mercado mayorista de la electricidad. Ha comparecido este lunes en el Congreso y se ha mostrado dispuesta a adoptar medidas en la tarifa regulada pero ha dejado claro que no irá contra el derecho comunitario. La oposición le ha reclamado medidas urgentes porque el usuario no puede seguir sufriendo las subidas permanentes del precio de la luz.

Modificaciones en la tarifa regulada de la electricidad para estabilizar la factura y ampliación hasta final de año de la suspensión del impuesto a la generación eléctrica. Son algunas de las medidas que la vicepresidenta Ribera ha propuesto para intentar rebajar la factura de la luz. Sin embargo, ha descartado, como le pedían sus socios de gobierno, intervenir para fijar los precios en el mercado mayorista porque va en contra de la legislación europea. También Ciudadanos pide usar los márgenes normativos europeos. Y Vox y PP piden entre otras medidas bajar mas los impuestos de la factura.

Ribera ha señalado que la reciente propuesta de Unidas Podemos, en la que se recoge establecer un precio fijo para la energía nuclear y un máximo para la hidroeléctrica con la meta de abaratar la factura de la luz, es contraria al marco europeo y tendría un problema práctico importante, además con un alto grado de litigiosidad.

"Debemos respetar el marco del derecho comunitario y del derecho constitucional, lo contrario sería enormemente arriesgado por atractivo que pueda resultar en el corto plazo", ha advertido este lunes en su intervención en la comisión extraordinaria de Transición Ecológica y Reto Demográfico. A su juicio, "no hay nada más perjudicial para los ciudadanos y el tejido empresarial de España, ya que acaba convirtiéndose en pérdida de confianza en el país, multas y sanciones más intereses".

El Gobierno dará "batalla política" en Bruselas para lograr mecanismos con los que rebajar la factura de electricidad a los consumidores, aun a costa de los beneficios de las compañías. Entre ellos, ha destacado la creación del Fondo Nacional de Sostenibilidad y la participación de los ciudadanos en el dividendo de CO2 (dióxido de carbono).

En cuanto a los cambios en la tarifa regulada, ha apostado por reducir su "dependencia de un mercado volátil como el mayorista" y, para ello, ir "integrando cestas de indicadores más estables" con el fin de propiciar "horquillas de precios más estables, menos volátiles".

Para Ribera, también es fundamental para reducir el tamaño del mercado mayorista impulsar el autoconsumo o la posibilidad de venta de los autoconsumidores. Asimismo, se necesita revisar la fiscalidad de la energía, lo que significa una modificación estructural notable, "pero no se puede esperar tenerlo todo resuelto ante episodios de enorme volatilidad".

En su opinión, el Gobierno tiene que reaccionar con agilidad como lo hizo con una suspensión provisional del impuesto a la generación eléctrica del 7 % para el tercer trimestre y que ampliará al último de 2021, además de con una modificación provisional del tipo del IVA hasta el final del año.

ACUSA A LAS HIDROELÉCTRICAS DE NO MOSTRAR "NINGUNA EMPATÍA"

Ribera ha acusado a las empresas eléctricas que gestionan centrales hidroeléctricas de no mostrar "ninguna empatía social", ya que su gestión ha propiciado el precio más alto de la luz durante más de la mitad de las horas a lo largo de los últimos meses.

La hidroelectricidad ha marcado el precio del mercado marginalista en un 65 % de las horas en junio; un 64 %, en julio, y un 59 %, en agosto, cunado evidentemente no interioriza ni coste por combustible fósil ni coste por CO2, ha detallado.

"Sabemos que es muy probable que lo que han hecho es perfectamente compatible con el diseño mayorista, con la posibilidad de interiorizar el coste de oportunidad", ha señalado.

"Imaginamos que, a pesar de la escandalosa reducción de algunos de los volúmenes de agua embalsada, en prácticamente un 70 % en seis semanas, no es descartable que eso sea compatible con las clausulas concesionales que rigen la relación entre la administración y el concesionario". "Y, sin embargo, esto no es razonable de ninguna de las maneras", ha agregado.

"Del mismo modo que señalamos la empatía social de las compañías eléctricas durante el confinamiento, aquí no se ha mostrado en absoluto ninguna empatía social", ha lamentado.

Según Ribera, "aunque suene a broma, la empatía social cotiza en bolsa". Muchas de estas compañías tienen entre sus accionistas fondos de inversión que responden por los principios de sostenibilidad ambiental, social y de gobernanza, ha explicado.

Ribera confía en que este comportamientos "se vaya corrigiendo, sin perjuicio de que el Gobierno tomara las decisiones pertinentes y, en concreto, está trabajando ya en la aplicación del artículo 55 de la ley de Aguas, buscando de qué modo la ordenación de agua también pueda contar con una regulación que permita poner orden a esto que, en todo caso, es indeseable".

CREAR UNA COMISIÓN DE ESTUDIOS

La vicepresidenta tercera ha apoyado, asimismo, la posibilidad de crear una comisión parlamentaria de estudios que trabaje también de manera no permanente sobre el análisis, el impacto y el modo en el que funciona el sistema eléctrico español.