La sospecha de corrupción en torno al PSOE marca el octavo aniversario de la moción de censura que aupó a Sánchez

El octavo aniversario que se cumple este lunes desde que por vez primera triunfara la moción de censura contra un presidente del Gobierno en el actual periodo democrático y situara a Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo coincide con una de las etapas más delicadas de todo su mandato.

Fue el 1 de junio de 2018 cuando el Congreso de los Diputados aprobó esa moción que desalojaba a Mariano Rajoy del Palacio de la Moncloa después de que, al día siguiente, Sánchez prometiera su cargo ante el rey.

La iniciativa que lo propició fue presentada por el PSOE tras conocerse la sentencia del caso Gürtel, que condenaba al Partido Popular como entidad jurídica por lucrarse con una trama de corrupción.

En nombre del PSOE, la moción fue defendida ante el pleno por el entonces secretario de Organización socialista, José Luis Ábalos, actualmente en prisión por su presunta implicación en el denominado 'caso Koldo', relacionado con supuestas comisiones irregulares en contratos de mascarillas durante la pandemia.

Ábalos se convirtió por ello en uno de los principales problemas a los que ha tenido que hacer frente el Gobierno y el PSOE en los últimos ocho años, junto a otros como la situación del que le sucediera como número tres del partido, Santos Cerdán.

SIN APOYOS PARA OTRA MOCIÓN

Más reciente ha sido la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, pendiente de declarar ante la Audiencia Nacional los próximos 17 y 18 de junio, y las nuevas actuaciones judiciales en el caso de la exmilitante socialista Leire Díez y que llevaron esta semana a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a la sede federal socialista.

Con esos casos judiciales sobre la mesa, así como los que siguen afectando tanto a la esposa como al hermano de Pedro Sánchez, llega el octavo aniversario de la moción de censura, que viene acompañado de peticiones reiteradas por parte del Partido Popular para que se ponga fin a la legislatura y se adelanten las elecciones

"Haré todo lo posible para cambiar al Gobierno. Y cuando digo todo, es todo", garantizó esta semana el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pero sin dar el paso de presentar una moción para relevar a Sánchez al carecer de los apoyos necesarios para ello.

De ahí que haya redoblado la presión a los socios de investidura del presidente para que dejen de apoyar a su Gobierno. Un apoyo que, de acuerdo con las declaraciones de sus dirigentes, ya no tiene Sánchez de algunas de esas formaciones que en su día le dieron la confianza.

Aquel 1 de junio de ocho años atrás, consiguió que la moción fuera respaldada por 180 votos (PSOE, Unidos Podemos, ERC, PNV, PDeCAT, Compromís, EH-Bildu y Nueva Canarias) y su última investidura, el 16 de noviembre de 2023, salió adelante por 179 (PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria).

Si Junts ya dio por acabado su apoyo al Gobierno meses atrás, el PNV y Coalición Canaria, a raíz de los últimos acontecimientos judiciales relacionados con el PSOE, han dado por terminada la legislatura.

COMPARECENCIA EN EL CONGRESO

Pero ni Junts ni PNV se han abierto a respaldar una hipotética moción de censura, algo que desde el Gobierno se augura que no sucederá por el castigo que podrían sufrir en las urnas si dieran un paso en el que tendrían que votar junto a Vox.

Sin esa iniciativa a la vista, Sánchez ha ratificado lo que viene repitiendo durante toda la legislatura, incluso en los momentos más delicados como el de los cinco días de reflexión que se tomó tras comenzar la investigación judicial sobre su esposa, Begoña Gómez: no tirará la toalla y no adelantará las elecciones.

Seguirá adelante, afirma, pese a que la situación permita aventurar ya que no se aprobará ningún presupuesto durante el actual mandato.

Es lo que previsiblemente repetirá en la comparecencia que ha solicitado ante el Congreso después de las últimas actuaciones judiciales que han afectado al PSOE y que, de acuerdo, con el calendario previsto, podría celebrarse el 24 de junio.

Justo tres días antes de la reunión del Comité Federal que ha convocado el PSOE y que inevitablemente abordará también esos asuntos después de que desde el Gobierno, por boca de su ministro de Transportes, Óscar Puente, se haya alertado de una operación para intentar derribar al Ejecutivo por "métodos no democráticos".

IGLESIAS ASEGURA QUE ENGAÑÓ A PNV Y CIUDADANOS PARA APROBAR LA MOCIÓN

El exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias ha asegurado este lunes que él y su partido, Podemos, engañaron al PNV y a Ciudadanos para que la moción de censura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, saliera adelante en el año 2018, señalándoles que sería instrumental para convocar elecciones.

"Pedro Sánchez de repente se vio presidente del Gobierno sin haber hecho una triste llamada telefónica para pedir los apoyos", ha revelado quien fuera líder de la formación morada en una intervención en 'Las mañanas de RNE', recogida por Europa Press, sobre cómo negoció con las diferentes fuerzas políticas para hacer caer al Ejecutivo de Mariano Rajoy y entrar en una coalición con los socialistas sin necesidad de ir a las urnas. Sin embargo, Unidas Podemos quedó fuera finalmente en aquel primer año y medio del gobierno de Sánchez.

Iglesias ha señalado que les favoreció que Sánchez que en ese momento era líder de la oposición no tuviera tiempo para negociar con las demás formaciones la moción de censura que le aupó al Palacio de la Moncloa. "Si hubiera tenido que negociar, no habría podido entregar lo que le hubieran pedido al PNV o Junts", ha dicho el exlíder político.

En este contexto, ha explicado la estrategia que siguieron fue "básicamente engañar" al PNV, que la semana anterior dio luz verde a los presupuestos de Rajoy. Al respecto, habló con Marta Pascal, entonces del PDeCAT, para que el expresidente catalán Carles Puigdemont apoyara la moción, que en aquel momento no estaba por la labor ante el coste político que le podría suponer.

TAMBIÉN ENGAÑÓ A RIVERA

Según ha contado, para convencer al PNV, habló previamente con el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, diciéndole que las encuestas apuntaban a que su partido obtendría más escaños que el PP y que Podemos superaría al PSOE si se celebrasen unas elecciones después de la moción de censura. "Le hicimos creer que efectivamente era posible que presentáramos juntos una moción de censura de carácter instrumental para convocar elecciones", ha apostillado. No obstante, votó en contra de la moción de censura.

Tras el "engaño" a Rivera, avisó al presidente del PNV en ese momento, Andoni Ortuzar, de que se iba a aprobar una moción de censura instrumental con el PSOE y Ciudadanos, advirtiéndole de que si seguían respaldando al PP tras la sentencia de 'Gürtel' se verían afectados electoralmente en unos supuestos comicios que en 2018 no se celebraron. Además, le recordó que Podemos ya superó a los nacionalistas en las generales de 2016. "Vosotros veréis", ha recordado que le dijo Iglesias al dirigente vasco, en lo que considera una victoria "al mus" que "sale una vez en la vida".

Dicho esto, Iglesias ha señalado que a partir de la moción de censura con la que Sánchez llegó a la presidencia del Gobierno "estaba ya herido de muerte el sistema político del 78".

LEYES

Estos ocho años han estado marcados por numerosas reformas y leyes. En el plano económico, destacaron la reforma laboral y la de pensiones. La primera impulsó los contratos indefinidos y limitó la temporalidad, mientras que la segunda vinculó la revalorización de las pensiones al IPC. También se aprobó el Ingreso Mínimo Vital para los colectivos más vulnerables y se pusieron en marcha distintos paquetes anticrisis para hacer frente a las consecuencias de la pandemia y de los conflictos internacionales.

En el ámbito social, algunas de las medidas que generaron mayor debate fueron la Ley de Eutanasia, la Ley de Vivienda —que contempla límites al precio del alquiler y cuya aplicación sigue siendo desigual entre comunidades autónomas—, la ley trans y la ley ELA, esta última aún pendiente de un desarrollo completo.

Entre las iniciativas más controvertidas figura el decreto del estado de alarma que confinó a la población durante la pandemia; el segundo de esos decretos fue posteriormente declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional. También destacó la ley de amnistía para los condenados por el procés, aprobada en el marco de los acuerdos para la investidura.

Otra de las normas más debatidas fue la conocida como ley del “solo sí es sí”, que estableció que todo acto sexual sin consentimiento debía considerarse agresión sexual. Sin embargo, su aplicación derivó en revisiones de condena que beneficiaron a más de un millar de condenados, algunos de los cuales quedaron en libertad.

Por último, la ley de presupuestos continúa pendiente de aprobación desde hace tres años debido a la falta de apoyo suficiente entre los socios de investidura.

CESIONES A LOS INDEPENDENTISTAS

Con la llegada al Gobierno comenzaron las cesiones a los independentistas: indultos, amnistía y un acercamiento a Puigdemont que contrastaba con lo defendido durante la campaña electoral. También se produjeron varios cambios de posición política, mientras la Fiscalía quedaba en el centro del debate sobre su independencia respecto al Ejecutivo.

Al frente del Ministerio Público fue nombrada primero la exministra de Justicia Dolores Delgado, que terminó dejando el cargo por motivos de salud. Su sustituto fue Álvaro García Ortiz, procesado por un presunto delito de revelación de secretos. La Fiscalía desempeñaba un papel clave en medio de un calendario judicial especialmente sensible para el Gobierno.

En paralelo, aumentaban las causas judiciales que afectaban al entorno del presidente: dos ex secretarios de Organización del PSOE ingresaban en prisión, mientras su hermano y su esposa quedaban investigados judicialmente. A ello se sumaba la aparición de una presunta trama vinculada al PSOE para desacreditar a jueces y guardias civiles, según distintas investigaciones de la UCO.

Todo ello coincidió con el episodio en el que Pedro Sánchez anunció un periodo de reflexión de cinco días antes de decidir continuar al frente del Ejecutivo, denunciando entonces una campaña de acoso político y judicial contra su entorno.

En política internacional, Pedro Sánchez reforzó durante años su perfil exterior y buscó proyectar una imagen de liderazgo europeo. Sin embargo, los casos de corrupción que afectaban al Gobierno comenzaron a erosionar esa proyección internacional.

La guerra en Oriente Próximo y el posicionamiento de Estados Unidos en apoyo a Israel situaron a Sánchez como una de las voces europeas más críticas con Donald Trump en este escenario internacional. Al mismo tiempo, España intensificó su relación con China y redefinió su posición histórica sobre el Sáhara Occidental, acercándose a Marruecos.

La relación con Venezuela también generó importantes controversias, especialmente tras la visita de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez a Barajas y el papel desempeñado por José Luis Rodríguez Zapatero como mediador internacional.

Un presidente que pasó de ser considerado un activo electoral para su partido a afrontar una etapa marcada por la polémica política y judicial, en un contexto en el que el respaldo de sus socios de investidura vuelve a ponerse en cuestión.