Los socialistas presentan en solitario su enmienda para reformar el delito de malversación, tras desmarcarse UP

El PSOE presenta este lunes una propuesta de reforma del Código Penal que añade un nuevo tipo de malversación que penaliza con hasta 4 años de cárcel y 6 de inhabilitación el desvío presupuestario irregular dentro de la misma administración pública, lo que permitiría rebajar en dos años las penas con el actual Código Penal.

En principio, la propuesta se había anunciado como conjunta de los socios de gobierno pero, este lunes, Unidas Podemos se ha desmarcado de la enmienda y no firmará la enmienda transaccional al proyecto de ley de derogación del delito de sedición, aunque facilitará que el acuerdo alcanzado entre ERC y PSOE no descarrile en la ponencia.

Fuentes del grupo parlamentario han detallado que tienen "dudas" sobre la futura aplicación de la nueva redacción de este tipo penal "por parte de los jueces" y, en consecuencia, no forma parte de este pacto entre los republicanos y los socialistas.

Sin embargo, la formación no pondrá trabas a que dicha enmienda salga adelante, dado que el proyecto de ley de revisión del Código Penal "contiene elementos tan importantes" como la supresión del delito de sedición o el desbloqueo del Tribunal Constitucional.

Fuentes cercanas a La Moncloa informan que con esta propuesta no se dejará ni un solo supuesto de malversación despenalizado, ni el más leve, que sería el nuevo delito incorporado y que aún no estaría pactado con ERC. Así mismo, la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha negado que la propuesta sea una legislación "ad hoc" para los dirigentes independentistas y que suponga su despenalización.

"Más bien al contrario, estamos trabajando precisamente para endurecer y contemplar aquellas cuestiones que claramente devienen de actitudes corruptas y que en estos momentos no estaban penalizadas como es el enriquecimiento injustificado", ha subrayado Rodríguez en una entrevista en RNE.

Con la propuesta socialista, se rebajaría la pena máxima aplicable a esos cargos procesados respecto al vigente Código Penal, que establece hasta seis años de cárcel y diez de inhabilitación por malversación.

El Gobierno considera que, con esta nueva propuesta, ningún supuesto de malversación quedaría despenalizado, ni el más leve, que sería el de nueva creación, hasta el más grave, e incluso otros comportamientos que ahora no están castigados, que también se incluirían, como el de enriquecimiento ilícito para aquellos cargos que obtengan un incremento patrimonial de más de 250.000 euros durante su mandato, que no puedan acreditar su origen, y que conllevaría hasta tres años de cárcel.

La intención del Gobierno es que ninguna actuación que suponga un desvío de fondos públicos, sea cual sea su destino, quede exento de castigo, aunque se distingan más supuestos y gradaciones.  

LA REFORMA NO BENEFICIARÍA A GRIÑÁN

Los penalistas consideran que esta reforma no beneficiaría al ex presidente andaluz, José Antonio Griñán, condenado a 6 años de cárcel. No obstante si podría hacer posible que Oriol Junqueras se pudiera presentar a las elecciones de 2025 y que Puigdemont, cuando sea juzgado, vea una rebaja en su condena. 

¿Qué opinan los condenados por el caso de los ERE de esta rebaja del delito de malversación? ¿Qué piensa José Antonio Griñán? Hoy lo sabemos, a partir de la publicación de un manifiesto que ha difundido la Asociación para la Defensa de los Valores de la Transición. Un documento muy duro en el que se critican los argumentos del Gobierno y se advierte de los peligros de no proteger el orden constitucional. Entre los firmantes hay varios exministros socialistas y abogados como José María Mohedano, que también es exdiputado del PSOE. Mohedano fue abogado de Griñán y esta mañana, en una entrevista radiofónica, trasladaba así la impresión que ha causado en los condenados por los ERE la rebaja del delito de malversación.

ASÍ ESTÁ AHORA EL DELITO DE MALVERSACIÓN

El Código Penal actual es el que modificó el PP en 2015 y establece un delito de malversación independientemente de cuál sea el destino del dinero desviado cuyo castigo va de los dos a los seis años de cárcel (entre seis y 10 de inhabilitación), con un tipo agravado que puede llegar a los ocho años de prisión o incluso a los doce.

El PP eliminó cualquier distinción anterior sobre si había lucro personal o no. Se consideraba que cualquier desvío de fondos públicos era considerado malversación y se fijaba una horquilla de penas muy amplia.

Con el trasfondo de las condenas y posibles futuros procesamientos por el referendo ilegal del 1-O, ERC por su parte quiere reintroducir en el Código Penal el concepto de ánimo de lucro personal o de terceros como condición para la malversación más grave, conservando las penas que fijó el PP (de 2 a 6 años).

En sus iniciativas, ERC añade un artículo 432 bis de malversación sin ánimo de enriquecerse pero en la que el dinero se destina a fines particulares (de 6 meses a 3 años). Según ERC, sus dirigentes procesados no incurren en este supuesto porque el dinero no fue para fines particulares.