Sánchez y Vivas apuestan por la repatriación de los menores: la situación es "insostenible"

Los presidentes del Gobierno y de Ceuta, Pedro Sánchez y Juan José Vivas, coinciden en que la mejor solución para los menores que permanecen en la ciudad autónoma desde mayo es su vuelta a Marruecos, para lo que el jefe del Ejecutivo ha ofrecido un "refuerzo extraordinario" que favorezca un "regreso seguro y ordenado".

Esta solución, fruto de la reunión que ambos han mantenido este miércoles en la Moncloa, ha sido rechazada de inmediato por la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, que ha criticado el "abandono" de ambos gobiernos "en explorar otras vías humanitarias para dar solución y respeto a los derechos de los más de 700 menores que desde hace meses malviven en instalaciones insalubres e inadecuadas para su acogida".

Por su parte, aunque sin referirse en concreto a lo anunciado tras la reunión, fuentes de Podemos han subrayado que "es imprescindible que la repatriación de los menores respete el procedimiento y garantías establecidas en la normativa interna en defensa del superior interés del menor".

Según ha informado el Gobierno en una nota, Sánchez ha anunciado a Vivas, en la reunión de alrededor de una hora que han mantenido este miércoles en la Moncloa, un "triple refuerzo para un regreso seguro y ordenado de los menores", con "tres ejes: el de las capacidades, el administrativo y el diplomático".

El Ejecutivo ha afirmado que "ambos presidentes han coincidido en la necesidad de favorecer este regreso seguro y ordenado de los menores a su país de origen, especialmente con ocasión del comienzo del curso escolar, ya que su permanencia en Ceuta puede perjudicar enormemente su desarrollo educativo y aumentar su desarraigo familiar".

En este sentido, ha añadido, "el interés de los menores aconseja poner fin a una situación extraordinaria que tuvo como origen una crisis diplomática ya resuelta, pero que sigue suponiendo un desafío a los servicios públicos de la ciudad y al bienestar de los menores afectados, lo cual obliga a las administraciones públicas a encontrar una solución efectiva".

El presidente de Ceuta, por su parte, ha reiterado, en una rueda de prensa tras la reunión, que los "retornos" actualmente paralizados por la Justicia se habían llevado a cabo "de manera conjunta y coordinada entre los dos gobiernos", cada uno tomando sus respectivas decisiones "en su propio ámbito" y pensando que se estaba "actuando de manera correcta", aplicando el acuerdo suscrito en su día con Marruecos a estos efectos.

Sin embargo, ahora, tras el auto de ayer del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Ceuta que ratificó la paralización de nueve traslados de menores a Marruecos, se van a tramitar de acuerdo al Reglamento de la Ley de Extranjería, porque "las decisiones judiciales se acatan se respetan y se aplican", ha subrayado Vivas.

Para el presidente ceutí, el auto ha provocado la paralización de los retornos "en las condiciones en que se estaban produciendo", pero "no ha dicho que los retornos no sean posibles".

Vivas ha expresado su "agradecimiento y reconocimiento al presidente del Gobierno por la rapidez en la respuesta" y por su "implicación personal"; ha evitado cualquier declaración que pudiera sonar a discrepancia con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, del que ha llegado a decir que "lleva razón"; y ha dicho que no ve "ninguna contradicción" entre su discurso y el de la dirección del PP y, en concreto, el del presidente de su partido, Pablo Casado.

Desde París, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha apelado a la colaboración entre administraciones como un elemento "imprescindible" para encontrar una solución a este problema y ha corroborado que el objetivo es, "siempre en interés del menor, agilizar el retorno de estos menores con sus familias y a sus entornos" y hacerlo en un contexto de "colaboración entre administraciones y también con Marruecos".

Contra ese objetivo se ha expresado la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, que ha lamentado que en lugar de "explorar un nuevo reparto territorial", "se comprometen medios humanos y recursos económicos solo para garantizar la expulsión de los menores, lo que no mejorará, mientras dure ese proceso de instrucción, ninguna de las necesidades educativas, asistenciales y terapéuticas de los menores actualmente tutelados o en situación de tránsito".

A juicio de la Red, este "pacto -como lo ha calificado- entre el PSOE y el Partido Popular" solo supone "un acuerdo para la expulsión que cumple con las expectativas de la extrema derecha y que viene a atacar a los menores migrantes y vulnera sus necesidades inmediatas".

A su vez, fuentes de Podemos han insistido, en la línea de la carta que la ministra de Asuntos Sociales, Ione Belarra, envió al titular de Interior, que "es necesario definir adecuadamente un protocolo que proteja a los menores" y establezca que los que deseen volver con sus familias puedan hacerlo "en condiciones de seguridad" y que los que no deseen regresar "se queden en España en condiciones de acogida dignas".

Para los socios de Gobierno de Sánchez, los menores no acompañados que entran en España "deben ser protegidos tal y como establece la Convención Internacional de los Derechos de la Infancia, lo que dice nuestra ley de infancia y adolescencia y lo que dice la legalidad que debemos cumplir", además de que "el acuerdo con Marruecos, un país que vulnera sistemáticamente los derechos humanos, no está por encima de los derechos de la infancia y así lo confirma el auto".

LA JUEZA MANTIENE LA SUSPENSIÓN.

La magistrada del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ceuta ha notificado que mantiene la suspensión cautelar urgente de la repatriación de nueve menores migrantes que fue solicitada por la Asociación Coordinadora de Barrios para el Seguimiento de Menores y Jóvenes. Esta asociación, junto con la Fundación Raíces, solicitó el pasado 16 de agosto la suspensión de la devolución de 12 menores, pero tres de ellos ya estaban en Marruecos. La jueza acordó que se suspendiera el procedimiento para los nueve que no llegaron a cruzar la frontera, y ahora ratifica esa decisión.

La jueza de Ceuta considera que, en caso de devolución, se podría producir una vulneración del derecho a la tutela judicial de los menores. La magistrada recuerda que el tratado de 2007 -entre España y Marruecos- obliga a nuestro país a acatar las normas del derecho internacional y la Convención sobre los derechos del niño.

Días después, y tras la apertura de otros procedimientos en instancias judiciales, el Gobierno de la ciudad autónoma anunció que mantendría paralizada la devolución del resto de menores que siguen en Ceuta desde la entrada masiva del pasado mes de mayo hasta que haya un pronunciamiento judicial definitivo.

Según se recoge en el auto emitido este miércoles por la magistrada, una vez estudiada toda la documentación presentada por la Delegación del Gobierno y la Fiscalía, se ha decidido "mantener la suspensión de la actuación material dirigida a repatriar a los menores no acompañados que aún no han sido devueltos a Marruecos".

En el auto indica que, "de levantarse dicha medida, se estaría permitiendo la repatriación de los mismos; por lo que, de dictarse sentencia estimatoria de la pretensión de la parte actora, esta sería absolutamente ineficaz al haberse ejecutado una decisión administrativa vulneradora de un derecho fundamental, sin lograrse el amparo pretendido al encontrarse el menor en Marruecos".

En el auto queda recogido que no consta que se haya cumplido con ninguno los preceptivos trámites que exige la Ley de Extranjería, resaltándose que no se ha aportado información alguna de los menores afectados que pudiera permitir conocer los datos que han determinado su repatriación.

Además, añade que "no consta que se haya comunicado el inicio del proceso de repatriación ni a los menores, ni a la Ciudad Autónoma de Ceuta pese a asumir esta la guarda de los menores, ni tampoco al Ministerio Fiscal", por lo que no se puede saber si estas repatriaciones cumplen con los trámites exigidos.

LAS ONG RECUERDAN QUE NO HAY EXCEPCIONES

Las entidades que pidieron a la Justicia la paralización de las devoluciones de menores migrantes desde Ceuta han expresado su satisfacción, porque el auto del juzgado que este martes ha ratificado la suspensión de las repatriaciones establece que no puede haber excepciones en la protección de la infancia.

La abogada de la Coordinadora de Barrios, Patricia Fernández, ha afirmado que "el auto reconoce que ni el marco normativo de protección a la infancia ni los derechos de los niños y niñas admiten excepciones".

Por ello, añade en un comunicado, "en este momento urge el compromiso de todas las instituciones del Estado para garantizar la mejor atención a estos niños, con pleno reconocimiento de sus derechos y satisfacción de sus necesidades".