Reforma de las pensiones: se revalorizan con el IPC y se ajustan las prejubilaciones

El proyecto de ley con el primer paquete de medidas de la reforma de pensiones ha sido aprobado este martes en Consejo de Ministros, de forma que llegará a las Cortes en las próximas semanas para su tramitación parlamentaria con el objetivo de que entre en vigor antes de que termine el año.

Las pensiones subirán en función del IPC revisado anualmente en noviembre. En el caso de ser negativo, quedarán como estén. Se incentiva el demorar la edad de jubilación y se dará un 4 por ciento más de pensión por cada año que se posponga el retiro. Hasta ahora era del 2 por ciento.

Los trabajadores también podrán elegir entre un cheque de 5.000 y 12.000 por cada año añadido de vida laboral. El empleado jubilado deberá ser reemplazado por un nuevo contrato indefinido. Las parejas de hecho podrán acceder a la pensión como si fueran matrimonios. Y otra novedad: las empresas que tengan estudiantes en prácticas deberán cotizar por ellos, independientemente de si cobran o no un sueldo.

Los cambios más importantes serán los siguientes:

1. Las pensiones se revalorizarán conforme al IPC. Para que las subidas y bajadas de precios no afecten al poder adquisitivo de los pensionistas.

2. Acercar la edad de jubilación real a la legal, 66 años. De media los españoles se jubilan a los 64 años y 6 meses. Y para eso, se premiará a los que retrasen su jubilación con un cheque por cada año extra de hasta 12.000 euros. Y para los que quieran adelantar su jubilación, su pensión sufrirá un recorte de hasta el 21%.

3. Se elimina el factor de sostenibilidad, que reducía la pensión conforme a nuestra esperanza de vida. Es la fórmula que adaptará la jubilación a las arcas del Estado para asegurar la sostenibilidad de las pensiones públicas.

Esta reforma de las pensiones conlleva la eliminación de los aspectos más polémicos de la última ley aprobada por el anterior gobierno de Mariano Rajoy, en 2013. Por ejemplo elimina la subida anual máxima de un 0,25 por ciento en situaciones de déficit.

Tal y como ha recordado la portavoz del Gobierno en rueda de prensa, la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, estas reformas forman parte de los compromisos adquiridos por el Estado con la Comisión Europea en el marco del programa de recepción de fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

"Es una razón de justicia tras una década de incertidumbre", ha defendido Rodríguez, que cree que la reforma "recupera el consenso y el diálogo social en el marco del Pacto de Toledo" y supone "recuperar el valor de lo público y la tranquilidad de los pensionistas de hoy y de los de mañana".

Las medidas son fruto del acuerdo del Gobierno con los sindicatos CCOO y UGT y las patronales CEOE y Cepyme, a partir de las nuevas recomendaciones del Pacto de Toledo aprobadas el pasado otoño por el Congreso.

La nueva norma fija un nuevo marco de revalorización, que prevé que el 1 de enero de cada año las pensiones aumenten de acuerdo con la inflación media anual registrada en el ejercicio anterior. En caso de ser negativa, se 'congelarían'. Esta regulación incluirá las pensiones de clases pasivas, una novedad del proyecto de ley respecto al anteproyecto aprobado en julio.

Durante esta tramitación, el Consejo Económico y Social valoró positivamente la norma y afirmó que considera imprescindible "mantener el mismo espíritu de consenso que ha presidido la elaboración de este anteproyecto a la hora de abordar ese desarrollo a lo largo de los próximos meses", según informa el Gobierno.

MEDIDAS PARA RETRASAR LA JUBILACIÓN

Además, la reforma incorpora diversas medidas dirigidas a acercar voluntariamente la edad efectiva a la edad ordinaria de jubilación, a través de cuatro vías: la revisión de la jubilación anticipada tanto voluntaria como involuntaria y por razón de la actividad, la jubilación demorada, la jubilación activa y la jubilación forzosa.

Respecto a la jubilación anticipada voluntaria, los coeficientes pasan a ser mensuales para dar más flexibilidad y fomentar el retraso voluntario de la jubilación, con un tratamiento más favorable a las carreras de cotización más largas. Además, los coeficientes reductores relacionados con el adelanto de la edad de jubilación se aplicarán sobre la cuantía de la pensión y no sobre la base reguladora de la misma, como hasta ahora.

En cuanto a la jubilación anticipada involuntaria, se establecen coeficientes mensuales, en lugar de trimestrales. También se mejoran los coeficientes para casos dos años antes a la edad legal, aplicando a la determinación de la pensión los mismos que en la modalidad voluntaria para aquellos supuestos donde el nuevo coeficiente es más favorable que al vigente.

En el caso del retraso de la jubilación, se exonera la cotización por contingencias comunes, excepto por incapacidad temporal, a partir del cumplimiento de la edad legal y, como medida más destacable, se refuerzan los incentivos, que pasan a ser de tres tipos por cada año de demora, y a los que también podrán acogerse las clases pasivas: un porcentaje adicional del 4%, una cantidad a tanto alzado en función de la cuantía de la pensión de hasta 12.000 euros, premiando las carreras de cotización más largas, y una combinación de ambas opciones.

Sobre la jubilación forzosa, los convenios colectivos no podrán fijar cláusulas que posibiliten la extinción del contrato de trabajo por el cumplimiento por el trabajador de una edad inferior a 68 años. Este límite se podrá rebajar en algunos sectores, con la condición de que se incremente la participación de la mujer en dichos sectores.

Por último, se establece una reducción del 75% de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes durante la situación de incapacidad temporal de aquellos trabajadores que hubieran cumplido la edad de 62 años.

EL GOBIERNO DICE QUE "ES SUSCEPTIBLE DE SER MEJORADO" EN EL CONGRESO

Asimismo, se prevé un nuevo mecanismo para sustituir el derogado factor de sostenibilidad, un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional, para el cual el Gobierno se da un plazo para acordarlo en el marco del diálogo social. La previsión del Gobierno pasa por poder introducir esta regulación vía enmiendas en la tramitación parlamentaria de esta reforma.

Precisamente por esta tramitación parlamentaria ha sido preguntada Isabel Rodríguez, tras las críticas recibidas por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en su presentación de las medidas acordadas. No solamente de PP, Vox y Ciudadanos, sino también de socios parlamentarias del Gobierno, como Esquerra Republicana, el PNV o EH-Bildu.

Rodríguez ha recordado que el acuerdo de pensiones viene "precedido por el acuerdo del Pacto de Toledo en el que estuvieron la mayoría" de formaciones parlamentarias, pero que además "viene avalado y respaldado por el diálogo social".

"Creo que eso tiene que ser tomado en cuenta por parte de todos los grupos políticos en el Parlamento", ha señalado e, incluso, el proyecto de ley, ha dicho, "es susceptible de ser mejorado en la tramitación parlamentaria". "Espero que se intensifiquen esos trabajos", ha dicho Rodríguez.

REFUERZO DE LA ESTRUCTURA DE INGRESOS VIA PRESUPUESTOS

Por otro lado, el texto busca reforzar la estructura de ingresos del sistema, estableciendo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado contemplará anualmente una transferencia del Estado al presupuesto de la Seguridad Social para la financiación de diversos conceptos que permitan culminar la separación de fuentes en cumplimiento de la recomendación primera del Pacto de Toledo de 2020.

También se refiere a la creación de la Agencia Estatal de la Seguridad Social, con el compromiso de presentar un proyecto de ley en un plazo de seis meses, entre otros puntos. Finalmente, la llamada 'cláusula de salvaguarda' se mantiene en su regulación actual con carácter indefinido.