El PSOE se queda solo: el Congreso deja caer la ley contra el proxenetismo

El Congreso de los Diputados ha rechazado tramitar la proposición de ley contra el proxenetismo. El PSOE se ha quedado solo este martes y su iniciativa abolicionista no ha cosechado los apoyos ni de su socio de Gobierno ni de la mayoría de sus aliados parlamentarios ni del Partido Popular.

Los populares, que en la pasada legislatura apoyaron esta misma iniciativa, han cambiado el sentido de su voto al considerar que genera división y que el grupo socialista está haciendo un "indigno uso y abuso del feminismo con fines electorales".

El PP, Sumar, ERC, Junts, PNV y Bildu han votado en contra; Podemos y Vox se han abstenido y tan solo han acompañado al PSOE con sus votos favorables Coalición Canaria, el BNG, UPN y José Luis Ábalos. Han sido 184 votos en contra, frente a 122 a favor y 36 abstenciones.

Ante la evidente falta de apoyos a la proposición, el PP propuso al PSOE que la retirara para negociar una ley integral contra la trata en el seno de la Comisión del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, una opción que descartó la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Finalmente, el PP no ha salvado el trámite y la iniciativa decae.

"Después de todas las intervenciones que se han escuchado esta tarde aquí, yo le pido retiren la proposición de ley y a partir de ahí negociemos una ley integral contra la trata de las personas con fines de explotación sexual", ha solicitado la diputada 'popular' Ana Isabel Alós a la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

En esta misma línea, Alós ha criticado al PSOE por hacer un "papelón", tras traer la misma proposición de ley después de haberla "aparcado" en la pasada legislatura. Además, ha pedido que reconozcan que "no existe voluntad política para abordar este asunto".

El PSOE pretendía modificar con este texto el Código Penal para endurecer el castigo del proxenetismo, multar el pago por sexo y castigar con cárcel la tercería locativa, esto es, penar el lucrarse por destinar un inmueble o cualquier otro espacio para que otra persona ejerza la prostitución, aun con su consentimiento.

"LEY ELECOTORALISTA", SEGÚN LOS SOCIOS DE GOBIERNO

Por su parte, los socios de Gobierno del PSOE han reprochado a los socialistas que la ley con la que quieren prohibir el proxenetismo es una iniciativa "electoralista".

Así, la diputada de EH Bildu Bel Pozueta ha trasladado el rechazo de su formación a la iniciativa de los socialistas y ha dicho que están dispuestos a trabajar a favor de una ley integral, pero ha añadido que no les encontrarán en el camino" si es para criminalizar y marginar aún más a las que ya viven marginalizadas y desprotegidas".

La diputada de Sumar Gala Pin ha dicho que "la mejor forma de garantizar los derechos que ejercen la prostitución es derogar la Ley de Extranjería". Además, ha recalcado que su formación no puede votar a favor de una proposición de ley que ha tildado de "bastante cutre". "No propone absolutamente ninguna solución, ningún itinerario, ninguna medida alternativa, ninguna propuesta económica de acompañamiento laboral, absolutamente ningún tipo", ha agregado.

En la misma línea se ha mostrado Martina Velarde, de Podemos, que ha indicado que la propuesta de los socialistas "va a generar más titulares que cambios concretos en la vida de las mujeres que están en contextos de prostitución"

Por su parte, Joseba Andoni Agirretxea, del Partido Nacionalista Vasco (PNV) ha criticado a los socialistas por traer una proposición de ley que "corta la cuerda y no pone red". "Lo que ustedes plantean aquí evidentemente es un castigo a los proxenetas, pero un abandono absoluto de las personas prostituidas, prostitutas o en ámbitos de prostitución, utilicen el término que estimen oportuno", ha apuntado.

La diputada Pilar Calvo, de Junts per Catalunya, ha indicado al PSOE que si lo que quieren es ajustar el Código Penal para poder castigar el proxenitismo "hay formas de hacerlo sin enviar la prostitución regulada a la clandestinidad". Así, ha añadido que si la toma en consideración prospera, presentarán enmiendas.

Pilar Vallugera, Esquerra Republicana (ERC), ha señalado que esta cuestión "rompe el feminismo". "Presenten de una vez la ley de trata y deroguen de una vez la Ley de inmigración y de Extranjería y a lo mejor podemos empezar a trabajar", ha asegurado.

Por otro lado, la diputada del Grupo Mixto, Cristina Valido, ha mostrado su apoyo a la iniciativa, que ha dicho que "hay que debatir, hay que profundizar, hay que trabajar para evitar que muchos impresentables se sigan beneficiando de la explotación de mujeres, niñas y niños". 

Por su parte, la diputada socialista Andrea Fernández, que ha defendido la iniciativa, ha destacado la necesidad de un Código Penal "afinado", así como "el encomiable trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" y "una política criminal que persiga estos delitos como una prioridad". "La raíz de la prostitución, señorías, es el machismo, es la violencia contra las mujeres, es la prevalencia del varón sobre las mujeres y, sobre todo, es la percepción de las mujeres como un bien", ha subrayado.

La iniciativa necesitaba para su aprobación el apoyo de al menos mayoría absoluta (176 votos) para modificar varios artículos del Código Penal para endurecer el castigo al proxenetismo en todas sus formas. 

En concreto, el texto modificaba el artículo 187.2 para subir la pena de prisión de dos a cuatro años, en lugar de uno a tres que hay ahora, "a quien, con ánimo de lucro, promueva, favorezca o facilite la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma".

También cambiaba el 187.3., donde se incluía una nueva letra que añade que "agrava la penas cuando la víctima sea o haya sido esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o persona especialmente vulnerable que conviva con el autor".

Finalmente, el último cambio se encontraba en el 187.ter 2., que reflejaba que, en el caso de que la persona que presta el acto de naturaleza sexual fuese menor de edad o persona en situación de vulnerabilidad, se impondrá la pena de prisión de uno a tres años y multa de 24 a 48 meses, en lugar de 18 a 24 meses "para adecuarlo a lo que dispone el Código Penal" (la extensión máxima de la pena de multa no puede superar los 24 meses).