PSOE, Junts y ERC pactan que la ley de amnistía blinde a dirigentes del procès acusados de terrorismo

El PSOE y sus socios han dado un paso más en el desarrollo de la futura ley de Amnistía. El texto ya está listo y blinda a Carles Puigdemont. El PSOE ha aceptado que todos los delitos por terrorismo, que no supongan una violación de los derechos humanos, se beneficien del perdón de la norma. Esto incluye a los encausados de los CDR, los comités en defensa de la república o de Tsunami Democràtic.

Los delitos de terrorismo siempre que hayan causado violaciones graves de derechos humanos quedaran fuera de la ley de Amnistía. De esta forma se blinda a los encausados por disturbios promovidos por Tsunami Democràtic independientemente de que tenga o no una sentencia firme, hasta ahora la línea roja del Gobierno. Esta nueva redacción de la ley, que será la que ira al Congreso, ha salido adelante con el apoyo del gobierno y los votos de los partidos independentistas, Junts, ERC, Podemos, Bildu y PNV.

Incluye modificaciones a las que se han opuesto PP y Vox porque consideran que solo benefician a personas concretas como Carles Puigdemont. El Partido Popular ha acusado este miércoles al PSOE de "humillarse" a sí mismo y a la democracia tras su "nueva cesión" a Junts con los delitos de terrorismo en la ley de amnistía. Es más, ha destacado que los socialistas están aceptando ahora algo que "hace tan solo cuatro días" él mismo estableció como una "línea roja infranqueable".

En el primer proyecto la norma hablaba de excluir los casos de terrorismo con sentencia firme, esa era la línea roja del PSOE, ahora la ley recoge que no podrán beneficiarse de la Amnistía aquellos que hayan causado violaciones graves derechos humanos. Los seis grupos que la han apoyado insisten en que se dota de mayor seguridad jurídica y se ajusta a la Constitución. La ley de Amnistía ira ahora al Congreso donde se votara en pleno previsiblemente el próximo día 30.

PUIGDEMONT PODRÁ VOLVER A ESPAÑA DE FORMA INMEDIATA

El acuerdo garantiza que el expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont pueda regresar a España sin que pese sobre él ninguna medida cautelar aunque la norma se recurra ante la Justicia europea y ésta suspenda el procedimiento.

Esta enmienda afecta de lleno a la aplicación de la amnistía y al levantamiento de las medidas cautelares y órdenes de búsqueda y captura y de detención -como la que pesa en España contra Carles Puigdemont- acordadas en el marco del "procés".

Afecta al artículo 4 de la proposición de ley y deja claro que el juez retirará de "inmediato" esas medidas cautelares, aunque el procedimiento penal quede en suspenso "por cualquier causa", como podría ser un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) o ante el Tribunal Constitucional.

Y precisa además que el juez deberá "dar por finalizada" la ejecución de todas las penas decretadas en el procedimiento judicial, tanto prisión, como multas.

CARÁCTER TÉCNICO

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha justificado los cambios por se solo de carácter técnico de forma que, entiende, se mantiene la "línea roja" a la que se había comprometido el Gobierno.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Bolaños ha recalcado que tras los acuerdos pactados en la Comisión de Justicia del Congreso "queda definitivamente claro" que son los jueces quienes han de aplicar la ley y considerar si los delitos aludidos suponen o no una vulneración de los derechos humanos, al margen de que las sentencias impuestas sean firmes o no.

"Lo sustancial es que el terrorismo queda excluido de la ley de Amnistía", ha reiterado, según su artículo dos, cuando se produzcan "violaciones graves" de los derechos humanos, tal y como recoger la directiva y el convenio europeo de derechos humanos; ello, en opinión del ministro, mejora la "seguridad jurídica" de esta norma. "Esa era nuestra línea roja", ha recalcado.

Eso sí, el titular de Justicia ha aclarado que los comportamientos delictivos que podrán ser amnistiados al amparo de esta ley son únicamente aquellos relacionados con el proceso independentista catalán, y no afectan en ningún caso a delitos que no estén relacionados con el procés.

No ha querido explicitar Bolaños si hubo terrorismo en los altercados ocurridos en Cataluña a raíz de la declaración unilateral de independencia, limitándose a recordar que el procedimiento judicial correspondiente "se está sustanciando" por los tribunales y "hay diferentes opiniones jurídicas".

"El Ministerio Fiscal considera que no se produjeron actos terroristas", ha añadido, y por ahora "estamos a la espera de lo que diga la Audiencia Nacional".