El presidente del Supremo pide a PP y PSOE sacar a la Justicia de sus "intereses partidarios"

El rey Felipe VI ha presidido esta mañana en Madrid la apertura del Año Judicial, el acto más solemne del curso político.

En su discurso, el presidente del Tribunal Supremo (TS), Francisco Marín Castán, ha arremetido contra PSOE y PP por ser "incapaces" de apartarse de sus "intereses partidarios" para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y dejar así de "cercenar" su independencia, que ha provocado también que el Supremo esté casi en una situación de "respiración asistida".

Y lo ha hecho advirtiendo de que "la democracia ya no muere necesariamente por un acto violento o dramático, esto es, un golpe militar o una revolución, sino con un lamento prolongado: el lento y progresivo debilitamiento de las instituciones esenciales, como son el poder judicial y la prensa, y la erosión global de las normas políticas tradicionales".

La apertura de este ejercicio 2023-2024 está marcada por el progresivo deterioro del CGPJ, al que faltan pocos meses para doblar su mandato de cinco años sin renovación, y por el debate abierto sobre la posible aprobación de una ley de amnistía para dar carpetazo a los efectos judiciales del procés.

El pasado año, Carlos Lesmes presidía todavía el CGPJ. Poco después dimitió en protesta por la paralización del proceso de renovación del órgano de gobierno de los jueces y ante la imposibilidad de que el PP y el PSOE sea pusieran de acuerdo. El Consejo ha perdido ya a cinco de sus miembros por jubilación o renuncia y tiene sus facultades de nombramiento limitadas desde la reforma legislativa que impulsó el Gobierno para tratar de forzar una renovación.

Esta limitación ha impedido que se produzcan más de 80 nombramientos en tribunales relevantes, incluido el Tribunal Supremo, que tiene algunas de sus salas con la mitad de los magistrados y tiene el 30 por ciento de sus plazas sin cubrir.

Precisamente el Supremo tiene pendiente pronunciarse durante este curso sobres asuntos de trascendencia como el recurso contra los indultos a los líderes independentistas. Mientras tanto, las dos principales formaciones políticas, PP y PSOE, permanecen ajenas al proceso de renovación y concentradas en la investidura a la que, con probabilidad, se enfrentarán de manera sucesiva sus dos candidatos, primero Alberto Núñez Feijóo, y si él no lo consigue será el turno del socialista Pedro Sánchez.

Sobre esta apertura del Año Judicial planea, además, el debate sobre la constitucionalidad de una ley de amnistía, condición previa planteada por el líder del Junts, Carles Puigdemont, para iniciar negociaciones con el PSOE sobre la investidura de Sánchez.

Este año, el discurso central del acto ha sido pronunciado por el presidente interino del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán, que sustituyó a Carlos Lesmes al frente del Alto Tribunal en octubre de 2022. También ha intervenido el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien el pasado año no pudo presentar la memoria de la Fiscalía por enfermedad.

Esta ha sido la primera vez que el acto solemne de Apertura del Año Judicial se celebra con una bicefalia en la cúpula de la Justicia, ya que Castán solo preside el TS, mientras que el CGPJ está presidido por Vicente Guitarte, el sustituto del que fue primer presidente interino del Consejo, Rafael Mozo, que dejó el cargo por jubilación.

El sindicato CSIF, mayoritario en el sector de la Justicia, ha reclamado este jueves, con motivo de la apertura del año judicial, un "pacto real" que "blinde el servicio público ante los vaivenes, la incertidumbre y el enfrentamiento político".

El responsable de Justicia del sindicato, Javier Jordán, ha denunciado en un comunicado que, un año más, el año judicial empieza "con los mismos problemas de siempre" y que han se han agravado durante el último ejercicio.

Jordán lamenta que el debate en el arranque del año judicial se centre en la renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), una cuestión que considera "eminentemente" política" pero que "oculta" la atención a los verdaderos problemas que aquejan al ciudadano como la escasez de medios personales, materiales y organizativos.

Además, el CSIF ha recordado que el conflicto afecta 45.000 funcionarios de Justicia (el 93 por ciento de la plantilla) y que el próximo Gobierno "tiene la obligación de abordar la negociación funcional y retributiva" de estos trabajadores que son los que "sacan el trabajo adelante".

Por todo, el sindicato urge un pacto de Estado que sirva para dotar a la Justicia de medios suficientes y estables y para garantizar un servicio público homogéneo y de calidad al conjunto de la ciudadanía.