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Paquita y Francisco han tardado siete años en lograr lo que la ley reconoce: que un menor víctima de violencia de género puede, aunque sea menor de edad, cambiar el orden de sus apellidos. Por fin lo han logrado pero el camino no ha sido fácil, ni mucho menos.
En Hoy en Día han contado cómo un juzgado de Tarrasa rechazó su petición por dos veces porque el fiscal se oponía hasta que llegara la mayoría de edad del niño, que tenía seis años cuando su padre mató a su madre. Luego recurrieron pero la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil tuvo su caso olvidado hasta 2019 cuando les pidió acreditar que su hija era víctima de violencia de género. De ahí, otro parón hasta ahora.
"Es una satisfacción, sí, pero gracias a los medios", dice Paquita y Francisco apostilla que ha sido la difusión pública del caso el que ha permitido que se resuelva el problema. Ahora sí, el apellido del asesino desaparecerá en generaciones futuras. Aún así se quejan de la espera: "Ni nosotros ni el niño queríamos ese apellido pero ellos decían que no se podía hacer hasta los 18 años ¿por qué tiene que esperar?", se pregunta.
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