El pacto con Junts para la cesión de la inmigración a Cataluña agita la política española

Múltiples reacciones ha provocado el acuerdo del Gobierno de España con Junts para la transferencia a Cataluña de las competencias en materia de inmigración. Un pacto poco concreto todavía y que, en todo caso, estará muy supeditado a las directrices en esta materia que determina la Unión Europea. Junts afirma haber conseguido "las competencias integrales en materia de inmigración".

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha apuntado en Sevilla este viernes que "exactamente lo que se ha pactado con Junts per Catalunya ha sido una delegación de competencias que está en el marco del artículo 150.2 de la Constitución, donde se establece que, a través de leyes orgánicas, el Gobierno de España, sin perder la titularidad de la competencia, pueda hacer una delegación de competencias".

Junst avanza lo que pretende hacer con las competencias de inmigración en Cataluña, pactadas con el Gobierno pero aún no aprobada. Los de Puigdemont aspiran a gestionar la inmigración que llega de forma autónoma. El secretario general, Jordi Turull, quiere que Cataluña pueda expulsar a inmigrantes reincidentes en conductas delictivas.

El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, asegura que la Constitución avala la cesión de competencias en materia de inmigración a través del artículo 150.2, pero la vicepresidenta Primera rebaja expectativas. María Jesús Montero asegura que la reforma de la Ley de Inmigración requiere el acuerdo de todos los socios de investidura y cumplir con el nuevo Pacto sobre Migración de la UE.

El líder de Esquerra se ha desmarcado de la propuesta de Junts, a la que acusa de abrazar el discurso de la extrema derecha. Junqueras ha escrito en redes que "criminalizar a las personas migrantes, lejos de resolver las situaciones de pobreza y exclusión, pone en riesgo la cohesión social, un país compartido con todo el mundo que vive allí y su incorporación al proyecto nacional". La consejera de la Presidencia catalana, Laura Vilagrá, también de ERC, exige que se concrete el contenido de los acuerdos. La consejera restaba alcance a ese acuerdo PSOE Junts. Asegura que Bolaños le confirmó que no es un traspaso de competencias, porque no puede ser, sino una delegación que no está ni escrita. Por lo que lo ha calificado de acuerdo etéreo.

El Ministerio del Interior también trata de calmar a la Policía y asegura que no perderá competencias sobre inmigración. La Dirección General de la Policía ha transmitido que solo afecta a atribuciones del Ministerio de Migraciones

Varias comunidades autónomas han pedido explicaciones al Gobierno por el pacto migratorio con Junts y, concretamente, Canarias, Murcia, Baleares y la Ciudad Autónoma de Melilla han solicitado que se convoque la Conferencia Sectorial de Migraciones. Desde Euskadi, el lehendakari Íñigo Ukullu ha exigido al gobierno que firme ya la transferencia al País Vasco de las políticas migratorias, que ya reclamó la legislatura pasada.

Desde Andalucía se mira con preocupación un acuerdo que para la Junta de Andalucía constituye una frivolidad, en palabras de Antonio Sanz, consejero de la Presidencia. Sanz recuerda que es el artículo 149 de la Constitución el que atribuye al Estado la competencia exclusiva en inmigración, aunque se puedan establecer mecanismos de cooperación con las comunidades autónomas. Para Sanz es "una frivolidad". Sanz no entiende cómo Pedro Sánchez acepta el argumento de Junts.

El PP tilda de disparate la dependencia que el Gobierno de España tiene del partido de Puigdemont, como expresa Miguel Tellado, portavoz PP en el Congreso de los Diputados.

Tras el acuerdo con Junts, también el Gobierno vasco apela a Pedro Sánchez a cumplir las transferencias en inmigración ya comprometidas la legislatura anterior, y así lo ha dicho el lehendakari Iñigo Urkullu.