Junts y Podemos mantienen el rechazo a los decretos anticrisis del Gobierno

En vísperas de la primera gran votación de la nueva legislatura de Pedro Sánchez, sus socios Junts y Podemos mantienen su no a los decretos anticrisis. El PP se abre a una abstención si se cumplen sus exigencias. Unos decretos que el Gobierno no tiene ni mucho menos asegurado sacar adelante. La cuestión es compleja.

Para que Junts vote a favor, para empezar, exige atajar cualquier resquicio que ponga en duda la aplicación de la futura Ley de amnistía. Entre estos decretos que quiere aprobar el Gobierno, se ha colado una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Junts pone el foco sobre el artículo 43bis, que aborda las cuestiones prejudiciales europeas. Básicamente se traduce en que si los jueces elevan una cuestión prejudicial ante Europa para aplicar la amnistía, pueden suspender la ejecución hasta que reciban la contestación. Lo que en la práctica dejaría sin efecto el artículo 10 de la ley de amnistía, que estipula que se aplicará en un plazo máximo de dos meses (desde la entrada en vigor de la ley) sin que pueda suspenderse (ni por la presentación de un recurso). Junts defiende también que las empresas que regresen (a Cataluña) tengan incentivos fiscales y las que no, sean multadas. Y exige que, del reparto de los fondos para la digitalización de la Justicia con una inversión prevista por el Gobierno de un 10% a Cataluña, suba al 16%.

Por su parte, Podemos exige que se retire el decreto para reformar el subsidio de desempleo, que según esta formación, incluye recortes para mayores de 52 años y afectan a sus futuras pensiones. Exigen soluciones a los abusivos, como los califican, precios de los alquileres y de los alimentos. Y quieren que se limiten los beneficios de los grandes supermercados.