El juez pide autorización a Estados Unidos para usar como prueba los mensajes sobre Zapatero del móvil de Rodolfo Reyes
AUDIENCIA NACIONAL
Los mensajes del teléfono del empresario venezolano y exdirectivo de Plus Ultra han sido determinantes para la imputación del expresidente por tráfico de influencias. Ahora el juez Calama solicita permiso para su uso, no solo en fase de instrucción, sino en un eventual juicio.
El juez de la Audiencia Nacional que investiga a José Luis Rodríguez Zapatero en una presunta trama de tráfico de incluencias ha pedido autorización a Estados Unidos para utilizar en un eventual juicio los mensajes que hacen referencia al ex presidente del Gobierno encontrados en el teléfono del empresario venezolano Rodolfo Reyes, ex directivo de Plus Ultra. Esos mensajes entre Reyes y otros investigados citan a Zapatero como posible intermediario o como conocedor de algunas de las gestiones para conseguir el rescate público de la aerolínea. Mensajes que han sido determinantes para la imputación del expresidente.
Por ello, el juez José Luis Calama ha solicitado a Estados Unidos autorización para usar como prueba la extracción de las comunicaciones obtenida por una agencia norteamericana del móvil de Rodolfo Reyes, contra quien existe una orden internacional de arresto.
El nombre de Rodolfo Reyes aparece en numerosas ocasiones en el sumario de la causa en la que está investigado el expresidente del Gobierno, sobre todo en las gestiones que directivos de la aerolínea habrían realizado para lograr el préstamo público de 53 millones de euros conseguido en 2021.
Reyes fue quien habría instado a "tocar puertas" para conseguir ayudas, y sugirió "pedir ayuda a Zapatero". También es suya la frase "Si bro. Nuestro pana Zapatero detrás" que obra en el sumario del caso.
Esas comunicaciones fueron aportadas por la agencia de los Estados Unidos Homeland Security Investigations (HSI) -que obtuvo la extracción de los mensajes del móvil de Reyes- a la Unidad central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, y forman parte de los informes policiales que han acabado desembocando en la imputación de Zapatero.
Ahora, el juez José Luis Calama ha solicitado cooperación jurídica internacional a las autoridades de Estados Unidos para que autoricen el uso de esas comunicaciones como "medio de prueba en el proceso penal español" y no solo como medio de investigación en fase de instrucción.
En el auto donde libra una comisión rogatoria, el juez explica que la información facilitada por las autoridades policiales estadounidenses "puede servir como fuente de investigación, pero su eficacia como medio de prueba en el proceso penal requiere su adecuada incorporación a las actuaciones".
La información aportada por la agencia HSI procede de una investigación transnacional iniciada en 2018 "contra una red de empresarios venezolanos y personas políticamente expuestas dedicada al blanqueo de capitales, corrupción y ocultación de activos mediante estructuras financieras sofisticadas, empresas pantalla" y operaciones internacionales.
Una trama que incluía -según explica el auto- "desfalco de fondos públicos, fraude, sobornos y adquisición de bienes en múltiples jurisdicciones, en coordinación con oficinas de HSI en Nueva York, Tampa, Miami y Boston y con autoridades de Francia, Suiza, España, Andorra y Portugal, con el objetivo de identificar y desarticular redes que facilitan la circulación global de fondos ilícitos y favorecer la recuperación de activos".
Una de las líneas se centra en Rodolfo Reyes, investigado por blanqueo y evasión de sanciones mediante compañías como Plus Ultra, Capital Bank, Panacorp y Dinosaur Bank, respecto del cual HSI obtuvo en 2021 una extracción telefónica que, aunque inicialmente orientada a contrabando, reveló comunicaciones con instrucciones para mover fondos ilícitos, gestionar préstamos de rescate y coordinar pagos ilegales, continúa el juez.
La agencia estadounidense consideró que ese material podía tener relevancia para la investigación española en torno a las gestiones que derivaron en la concesión de la ayuda pública a Plus Ultra.