El Gobierno inicia el recurso contra el protocolo sobre el aborto de Castilla y León

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un acuerdo por el que se requiere de incompetencia al Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León en relación con aquellas actuaciones que vulneren o menoscaben la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Según ha informado la Secretaría de Estado de Comunicación, este requerimiento de incompetencia al Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco, en medio de la polémica por las medidas antiaborto auspiciadas por Vox en esta comunidad, se refiere a cualquier actuación, incluidas las constitutivas de vía de hecho que vulneren o menoscaben los derechos regulados en la citada ley.

El Gobierno de Castilla y León tiene un plazo de un mes para contestar a este requerimiento. Según ha indicado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en el caso de que no se dé una "cumplida y satisfactoria respuesta" desde la Junta de Castilla y León el Gobierno iniciará acciones, dentro del mismo procedimiento, ante el Tribunal Constitucional "en defensa de los derechos de las mujeres".

En declaraciones a los periodistas en un desayuno informativo, ha insistido en que el Gobierno no va a permitir "ni un solo retroceso en los derechos y libertades de las mujeres en ningún territorio de España" y ha agregado que se está trabajando en todas las opciones posibles.

Bolaños ha justificado la necesidad del requerimiento que hoy se aprueba "con motivo de las noticias que se están conociendo en Castilla y León y con ese protocolo que pretende aprobar su Gobierno contra los derechos de las mujeres y contra sus libertades".

Ha explicado que se trata de un requerimiento de incompetencia "porque están extralimitando las competencias que tiene el Gobierno de Castilla y León" y tiene como objetivo también que "cesen en la vulneración de derechos de las mujeres y libertades de las mujeres".

"Es lamentablemente hasta normal y habitual que la ultraderecha pretenda que las mujeres retrocedan 50 años. Es menos normal que el líder de la oposición, el señor (Alberto Núñez) Feijóo enmudezca ante esta circunstancia", ha añadido.

MAÑUECO CRITICA LA DECISIÓN DEL EJECUTIVO POR "SOBREACTUADA"

El presidente de la Junta de Castilla y León, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, ha enviado una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para criticar la decisión del Ejecutivo de abrir un requerimiento sobre, lo que el presidente castellano y leonés, considera "una cuestión ficticia" y "propaganda sobreactuada", con un llamamiento expreso a que "reflexione".

En la misiva, Fernández Mañueco reitera por escrito que en Castilla y León "no habrá ninguna modificación en el protocolo de atención a la interrupción del embarazo" y que, según asegura, está "ajustado" a la legislación nacional vigente y al criterio clínico en cada caso.

"No se obligará a nada ni a los facultativos ni a las mujeres, por lo que le ruego abandone los esfuerzos de su Gobierno en cuestiones ficticias para poder centrarse en la realidad y en sus competencias", pide Fernández Mañueco a Sánchez en la carta que remite "con plena lealtad institucional" pero "preocupado" por "distintas decisiones, declaraciones y comunicaciones" de distintos integrantes del Ejecutivo central por la acción de Gobierno en Castilla y León, "de acuerdo a sus competencias y siempre desde el absoluto respeto a la Ley y a la Constitución Española", asevera.

"Tanto España como Castilla y León afrontan problemas muy serios que necesitan de unidad entre administraciones, sentido de Estado y rigor en la gestión para ser abordados", añade el presidente de la Junta que lamenta "profundamente" que el Gobierno de la nación haya anunciado el envío de un requerimiento a la Junta de Castilla y León "en vez de afrontar los problemas reales de la ciudadanía".

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PONE LA DIRECTA

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha fijado para el primer Pleno de febrero --a celebrarse los días 7, 8 y 9-- el debate sobre el recurso presentado por el PP contra la ley del aborto aprobada en 2010 durante el Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. El magistrado del ala conservadora Enrique Arnaldo seguirá siendo el ponente de la sentencia.

Según ha informado el órgano de garantías, el presidente del tribunal también ha fijado ya la fecha para el Pleno en el que se abordarán los recursos de inconstitucionalidad presentados contra la ley de la eutanasia. Los magistrados se reunirán los próximos 21, 22 y 23 de febrero para estudiar ley impulsada en 2021.

Además, Conde-Pumpido ha señalado para el primer Pleno de marzo --que tendrá lugar los días 7, 8 y 9-- el debate sobre los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra la Ley Orgánica de Educación de 2020, conocida como la 'ley Celáa' o la 'LOMLOE'. Esta ponencia ha recaído ahora en la magistrada propuesta por el Gobierno Laura Díez.

Desde el tribunal han destacado que la intención del nuevo presidente del Constitucional es "acelerar la resolución de los asuntos, tanto los que tienen más antigüedad como aquellos que revisten una mayor repercusión social y política".

MAYORÍA PROGRESISTA EN LAS SECCIONES

Conde-Pumpido ha ordenado el calendario del tribunal en el marco del Pleno gubernativo celebrado este martes, en el que, además, se ha acordado la nueva composición de las Salas y Secciones del Constitucional.

Según ha informado el TC, el propio Conde-Pumpido presidirá la Sección Primera de la Sala Primera, que estará integrada también por las magistradas Concepción Espejel y María Luisa Segoviano, por lo que dicha Sección quedaría con una mayoría progresista. Por su parte, la Sección Segunda de esta Sala pasará a estar presidida por Ricardo Enríquez --del ala conservadora-- y contará con la presencia del magistrado Juan Carlos Campo --del sector progresista--.

Al margen, la Sección Tercera de la Sala Segunda tendrá como presidenta a la vicepresidenta del tribunal, Inmaculada Montalbán, y contará con los magistrados César Tolosa y Laura Díez, por lo que tendrá una composición de mayoría progresista. La magistrada María Luisa Balaguer presidirá la Sección Cuarta, en la que estarán también Ramón Saez y Enrique Arnaldo, por lo que se repite la mayoría progresista.

Así las cosas, tres de las cuatro secciones del tribunal contarán con una mayoría de magistrados del sector progresista, a la espera de que el Senado designe a quien sustituirá a Alfredo Montoya, que presentó su renuncia al cargo por baja el pasado verano.

DISTRIBUCIÓN DE ASUNTOS

En el marco del Pleno gubernativo de este martes se ha abordado también el reparto de las ponencias de las sentencias que debatirá el tribunal. En concreto, se ha acordado que los magistrados conservarán las ponencias que tuvieran asignadas, cualquiera sea la clase y fase en que se encuentre el proceso.

Por su parte, se ha fijado que las ponencias del magistrado Santiago Martínez-Vares --que abandonó el tribunal tras la renovación parcial del pasado 9 de enero-- quedarán en manos de Segoviano. Así, la que fuera presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo (TS) estará a cargo de la ponencia sobre el recurso de amparo que planteó el exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez contra la sentencia del TS que le condenó por un delito de atentado a agentes de la autoridad.

Las ponencias del magistrado saliente y exvicepresidente del tribunal Juan Antonio Xiol pasarán al magistrado César Tolosa. En la lista destacan las relativas al recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP contra la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que prohíbe al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hacer nombramientos discrecionales en la cúpula judicial mientras esté en funciones.

Al hilo, las ponencias del expresidente del TC Pedro González-Trevijano serán ahora responsabilidad del magistrado Juan Carlos Campo, entre otras, la relativa al recurso interpuesto por el PP contra el Decreto-Ley por el que se creó el Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat de Cataluña por el que se avaló las fianzas que reclamaba el Tribunal de Cuentas a varios excargos del Govern.

Las ponencias del magistrado saliente Antonio Narváez quedan en manos de Laura Díez. En la lista constan las relativas al recurso del PP contra la 'ley Celáa' y el recurso del PP y el de Cs contra la ley catalana que elimina la cuota del 25% de castellano en las aulas.