García Ortiz pide al Supremo que se anule el registro de su despacho

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha pedido al Tribunal Supremo que se anule el registro que la Guardia Civil hizo en su despacho el pasado 30 de octubre. El fiscal lo considera abusivo y denuncia que se le incautó información comprometedora para el Estado en materia de seguridad.

En su defensa de Álvaro García Ortiz, la Abogacía del Estado estima desproporcionado ese registro autorizado por el Tribunal Supremo, que se prolongó durante diez horas y que permitió a los agentes de la Guardia Civil clonar, volcar e incautarse de dispositivos electrónicos de almacenamiento masivo dentro de la investigación contra del fiscal general por un presunto delito de revelación de secretos sobre la regularización fiscal de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En un recurso elevado al Supremo, el fiscal denuncia que en esa incautación masiva de correos y mensajes de sus dispositivos electrónicos se ha incluido “información que puede comprometer la seguridad del Estado”.

De ese registro deriva también la petición de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales para que se tome declaración al fiscal que asegura que vio a García Ortiz junto a su número 2, Ángeles Sánchez Conde, revisando un móvil que podría ser de su pertenencia en el mismo momento en que el registro de la Guardia Civil se producía. Esta asociación reclama, incluso, que se recaben las imágenes de las cámaras del salón donde, presuntamente, se llevó a cabo esa acción.