La Fiscalía archiva las investigaciones al rey Juan Carlos, lo que acerca su vuelta

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha archivado las diligencias de investigación abiertas al rey Juan Carlos I desde 2020 al haber prescrito los hechos o haber sucedido antes de 2014, cuando estaba protegido por la inviolabilidad como jefe del Estado.

Esas dos circunstancias, unidas a la "insuficiencia de indicios incriminatorios" en otros casos y a las regularizaciones fiscales efectuadas por el rey emérito, han conducido al cierre de las investigaciones en dos decretos firmados este martes por el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, y difundidos por la Fiscalía General del Estado.

La Fiscalía destaca que, pese a no haber podido dirigirse penalmente contra Juan Carlos I, su actuación "ha permitido recuperar 5.095.148 euros para las arcas públicas" correspondientes a "las cuotas tributarias adeudadas" por el rey emérito.

El ministerio público llegó a abrir tres diligencias de investigación a Juan Carlos I (una de ellas acabó siendo absorbida por otra), lo que motivó su salida de España el 3 de agosto de 2020 en dirección a los Emiratos Árabes, donde ha permanecido hasta ahora. La decisión de este martes podría motivar su regreso.

Las investigaciones han girado en torno al presunto cobro de 65 millones de euros por intermediar en la construcción del tren de alta velocidad Medina-La Meca (Arabia Saudí), sobre si recibió donaciones no declaradas y sobre si ocultó fondos en paraísos fiscales.

FRAUDE A HACIENDA PRESCRITO

Pese al archivo de las investigaciones, la Fiscalía ha identificado cuotas defraudadas a Hacienda en el IRPF de los ejercicios 2008 y 2012 "que superan con creces" el "umbral del delito", ubicado en los 120.000 euros.

Sin embargo, también constata que no existiría responsabilidad penal hasta el año 2011 al estar prescrito el delito y que, en el 2012, Juan Carlos I estaba protegido por la inviolabilidad que le otorgaba la Constitución.

Según la Fiscalía, la investigación no ha podido esclarecer "vinculación alguna" entre el ingreso de 64,8 millones de euros y la adjudicación del AVE a La Meca ni que ese pago esté relacionado con comisiones, sino que "se trataría" de un "regalo" "en consideración" a su condición de jefe de Estado, lo que, por tanto, podría integrar el delito de cohecho, que estaría "claramente prescrito".

Luzón también ha analizado un posible blanqueo a través de las operaciones financieras realizadas entre 2008 y 2012 por orden de Juan Carlos I tras recibir esos 64 millones en la cuenta en Suiza a nombre de la Fundación Lucum, de la que era beneficiario, "partiendo de la posible naturaleza delictiva" existente en aceptar ese dinero, actuaciones que habrían cesado en 2012, fecha cubierta por la inviolabilidad.

NO HAY CONTRAPRESTACIÓN EN TRANSFERENCIAS DE EMPRESARIO MEXICANO

La Fiscalía no tiene constancia de que hubiese contraprestación en las transferencias por 516.606 euros que, entre 2016 y 2019, hizo el empresario mexicano Allen Jesús Sanginés Krause al coronel del Ejército de Aire y antiguo ayudante del rey emérito Nicolás Murga Mendoza, de las que Juan Carlos I se habría beneficiado.

Serían, según el fiscal, donaciones, y el 9 de diciembre de 2020, Juan Carlos de Borbón, en su primera regularización, declaró más de 556.412 euros del impuesto sobre sucesiones y donaciones.

GASTOS DE VIAJES PRIVADOS SUFRAGADOS POR LA FUNDACIÓN ZAGATKA

Pese a que la Fiscalía no ha podido establecer con precisión "la procedencia y cuantía" de los fondos de las cuentas de la Fundación Zagatka, constituida por su primo, Álvaro de Orleans, ni los gastos y pagos que realizó, la información bancaria recibida de Suiza "permiten establecer" que entre 2014 y 2018 esta fundación abonó "cuantiosos gastos por el uso de aviones privados y servicios de alojamiento" del rey emérito, sus familiares y allegados.

De nuevo, menciona las regularizaciones realizadas en febrero de 2021, sin requerimiento de la Agencia Tributaria, que derivaron en un ingreso de 4,4 millones de euros.

La Fiscalía añade que en esas declaraciones complementarias no hay ningún elemento regularizado relacionado con la compra de armas de fuego, aunque en una cuenta de Zagatza hay un cargo de 102.000 por la adquisición de tres armas y una factura a nombre del propio Álvaro de Orleans, que se las "regaló" al rey emérito.

Una donación que, de nuevo, queda sujeta al impuesto sobre sucesiones y donaciones, con una cuota tributaria inferior a los 120.000 euros que determinarían el delito, explica el decreto.

SIN INDICIOS DE QUE SE HAYA BENEFICIADO DEL TRUST EN JERSEY

La última investigación se abrió en diciembre de 2020 a raíz del hallazgo por parte del SEPBLAC de un "trust" denominado The JRM 2004 Trust, constituido en Jersey en 2004 por Joaquín Romero Maura, con activos en entidades financieras de Jersey y Guernsey que no identificaba y con indicios de que el propietario último de los fondos podría ser el rey emérito.

La Fiscalía ha concluido que entre 2004 y 2021 no existe indicio que permita vincular el "trust" con Juan Carlos de Borbón, ni en su gestión ni en la capacidad para disponer de los fondos.

Esto es así porque -según la investigación- nunca ha tenido la condición de beneficiario ni consta que haya percibido cantidad de sus cuentas. En todo caso, a partir del 19 de junio de 2014, fecha de la abdicación, y la consiguiente pérdida de la inviolabilidad, las disposiciones de ese "trust" no han alcanzado la cuota correspondiente a un delito contra Hacienda, además de que no consta que fueran entregados a un contribuyente español.

Según la información recibida de Jersey, ese "trust" fue creado por Romero Maura con unos fondos iniciales de 14.923.604 euros, fruto de la liquidación de otros dos instrumentos similares -Tartessos Trust y Hereu Trust- creados en los años 90 por Manuel Jaime de Prado y Colón de Carvajal.

Ante la ausencia de documentación sobre ellos, la Fiscalía desconoce el origen de los fondos con que fueron creados (4 millones en un caso y un millón en el otro), pero su finalidad era apoyar al entonces rey Juan Carlos en el caso de que fuera depuesto por un golpe inconstitucional o una situación similar y tenían a este como único beneficiario.

Juan Carlos de Borbón liquidó los "trust" en 2004 y traspasó sus fondos a Joaquín Romero Maura, que ha tenido su dominio, con una baja actividad.

En las distintas modificaciones que experimentó el acuerdo fundacional del JRM 2004 Trust, los beneficiarios fueron el propio fundador del "trust", su esposa y tres organizaciones benéficas sin vinculación alguna al rey emérito, quien nunca tuvo la condición de beneficiario, como tampoco la tuvo ninguna persona de su entorno.

VALIDEZ DE LAS REGULARIZACIONES

La Fiscalía da por buenas las regularizaciones fiscales efectuadas por Juan Carlos I a lo largo de la investigación al cumplirse el requisito objetivo (reconocimiento y pago de la deuda) y el temporal (que el pago se haga antes de que se le notifique que hay una investigación abierta).

En este último punto, el fiscal afirma que en los decretos que dieron inicio a las investigaciones y en las notificaciones al rey emérito no se hizo referencia a los hechos "a los que se contraen" las respectivas declaraciones tributarias, principalmente porque la Fiscalía entonces no tenía constancia "del incumplimiento de las obligaciones tributarias".

MÁS CERCA DE VOLVER A ESPAÑA

La decisión de la Fiscalía del Tribunal Supremo abre la puerta a su regreso a España después de que se instalara en Abu Dabi el 3 de agosto de 2020 a raíz de la polémica por el dinero que manejaba en el extranjero.

Después de un año y siete meses cobijado en el emirato, Juan Carlos I ve allanado el terreno para volver a pisar España, decisión con la que había amagado en varias ocasiones.

Entre las opciones que se han barajado en todo este tiempo, está que mantenga su residencia fiscal en Abu Dabi y que desde allí viaje de manera periódica a España.

El padre de Felipe VI siempre reivindicó ante su entorno que no tenía ninguna causa judicial abierta y que, por tanto, se veía legitimado para volver a España cuando quisiese.

Sin embargo, en las ocasiones en las que dejó entrever que planeaba su regreso, aunque fuese temporal, finalmente desistió al no darse las condiciones adecuadas.

En las Navidades de 2020, trasladó a sus allegados su deseo de pasar las fiestas en España, pero desistió alegando el alto riesgo por la pandemia y por ser una persona de alto riesgo.

"Con la esperanza de que todo mejore", concluía el mensaje del rey emérito.

En noviembre del pasado año, cuando se publicó que la Fiscalía del Supremo pretendía archivar su caso antes de 2022, volvió a trasladar su intención de viajar en Navidad, una hipótesis que se reforzó cuando la Fiscalía suiza dio carpetazo a las pesquisas sobre la donación de 65 millones de euros que el rey emérito recibió de Arabia Saudí y que manejó en el país helvético a través de testaferros.

Hasta el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apuntó que no veía problema en su regreso a España al defender su presunción de inocencia y que no pesaba sobre él ningún cargo judicial.

No obstante, la prórroga de la investigación de los fiscales del Supremo por otros seis meses dictada a mediados de diciembre frustró de nuevo sus planes.

Antes de final de año, reapareció en público en Abu Dabi para ver un partido del tenista Rafael Nadal, quien dio positivo por covid-19 pocos días después de comer con él, por lo que tuvo que permanecer aislado por precaución, aunque dio negativo en el test.

Fue una de sus últimas imágenes del rey Juan Carlos, poco antes de cumplir 84 años, que volvió a celebrar en Abu Dabi con algunos amigos.

Durante su estancia en el emirato, se llegó a especular sobre su mal estado de salud, lo que desmintió la Casa Real, en los pocos pronunciamientos que ha hecho sobre el rey emérito.

Su aparición en el partido de Nadal dejó entrever que está bien de salud y se le ve más delgado, aunque mantiene los problemas de movilidad que arrastra desde hace varios años y que le obligan a caminar con bastón y a hacer rehabilitación.

A pesar de su marcha de España, Juan Carlos I ha seguido siendo miembro de la Familia Real y allí ha conocido la separación de su hija Cristina de Iñaki Urdangarin.

Ha conservado su título vitalicio de rey, a pesar de la reclamación de algunos de los socios del Gobierno por despojarle de este tratamiento.

El Gobierno justificó además el que haya contado con tres asistentes en Abu Dabi sufragados por Patrimonio Nacional en que fue jefe del Estado durante casi 40 años y en su “delicado estado de salud y avanzada edad”.

En este tiempo, en octubre de 2021, se publicó un libro de la periodista francesa Laurence Debray con testimonios de don Juan Carlos sobre su día a día en Abu Dabi y el por qué se instaló en el país árabe.

“Aquí no molesto a la corona", alegó don Juan Carlos, quien en un principio sopesó la idea de instalarse en Portugal, pero que ante las reticencias de su hijo por la proximidad con España, se inclinó por irse al Golfo Pérsico invitado por las autoridades del emirato.

El rey emérito comunicó su marcha en una carta a Felipe VI en la que expresaba, con "profundo sentimiento, pero con gran serenidad", su "meditada decisión" de trasladarse fuera de España.

Ante la repercusión de "ciertos acontecimientos pasados" de su vida privada, personificados en la figura de la que fue su amante durante varios años, Corinna Larsen, el anterior jefe del Estado ponía tierra de por medio para calmar la controversia.

El destino del rey emérito se conoció oficialmente dos semanas después de salir de España en un avión privado desde Vigo (Pontevedra).

Fue la Casa Real la que dio la información tras publicarse en un medio una foto de don Juan Carlos bajando del avión.

Durante su estancia en Abu Dabi, donde le han visitado varias veces sus hijas, las infantas Elena y Cristina, el rey Juan Carlos ha llevado a cabo dos regularizaciones fiscales sin requerimiento previo de Hacienda con el propósito de evitar la acusación de delito fiscal, del que no hubiera estado protegido por la inviolabilidad que tuvo como jefe de Estado.

El 9 de diciembre de 2020, hizo la primera declaración voluntaria, que se saldó con el pago de una deuda de 678.393 euros por las donaciones recibidas del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause entre 2016 y 2018, y que empleó para gastos familiares a través de tarjetas opacas.

La segunda regularización tuvo lugar el 26 de febrero, por un importe de 4,3 millones de euros, por los vuelos privados y los gastos personales de los que se benefició de la fundación Zagatka, gestionada por su primo, Álvaro de Orleans, a espaldas del fisco.

Para saldar esta segunda deuda, el rey emérito recurrió a préstamos de una decena de amigos y empresarios.

Además de su posible vuelta, entre las incógnitas que quedan por resolver, está si el rey emérito hará algún pronunciamiento después de que Pedro Sánchez le haya instado en varias ocasiones a dar explicaciones ante las “perturbadoras” informaciones publicadas sobre sus fondos en el extranjero.

A esta petición de rendir cuentas ante la ciudadanía se han unido otras voces, como la del exjefe del Ejecutivo José Luis Rodríguez Zapatero, y Unidas Podemos, que reclamó su comparecencia en el Congreso, si no lo hacía ante la Justicia, para dar cuenta de los actos cometidos antes y después de su abdicación.

La formación morada y partidos como ERC y EH Bildu han presentado numerosas peticiones para crear una comisión de investigación parlamentaria sobre los negocios ocultos del rey emérito, pero PSOE, PP y Vox han impedido su tramitación en la Mesa del Congreso.