¿Qué dicen los cuatro votos particulares a la sentencia de los ERE?

Cuatro magistrados del Tribunal Constitucional discrepan de que se hayan aceptado los recursos de amparo en el caso de los ERE a los ex presidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán. En sus votos particulares aseguran que se eludieron de manera intencionada los controles a las ayudas públicas dando así vía libre a la corrupción.

Los magistrados del ala conservadora del Constitucional se oponen al criterio del pleno que ha aprobado por siete votos, los de la mayoría progresista, estimar esos recursos que conllevarían una anulación de condenas. El tribunal de garantías ha concluido que no se puede cometer prevaricación ni malversación al aprobar un proyecto de ley de presupuestos.

Dice el magistrado Enrique Arnaldo que sostiene que no se han vulnerado los derechos a la legalidad penal y a la presunción de inocencia, como alegaban los ex altos cargos socialistas, y que ahora se crea un “espacio de impunidad”, contrario al derecho comunitario.

Arnaldo afirma que se trasmite la sensación la ciudadanía de que la corrupción es una medio válido de actuación mientras que el magistrado Ricardo Enríquez va más allá.

Para Enríquez los recursos tendrían que haberse desestimado porque no se produce lesión constitucional alguna y no cabe exigir prueba, como dicen las resoluciones, de que conocían que las ayudas se destinaban a fines distintos para los que se aprobaron porque ellos, como cargos públicos, debían "velar por la integridad de los fondos públicos".

El PP pidió recusar a dos de las magistradas del pleno que tenían que deliberar sobre los recursos de amparo de Chaves y Griñán porque estimaba que el haber participado en sentencias relacionadas con el caso de los ERE podía minar su imparcialidad pero la petición fue rechazada por el Tribunal Constitucional.