Los conservadores del Poder Judicial convocan un pleno para responder a las críticas a los jueces en el Congreso

El presidente provisional del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, ha convocado para este lunes un pleno extraordinario a petición de los vocales del bloque conservador. Reclaman un pronunciamiento oficial tras las acusaciones lanzadas contra jueces y magistrados la semana pasada en el Congreso, durante el pleno sobre la Ley de Amnistía, por parte de varios diputados.

El CGPJ celebra este pleno extraordinario a las 5 de la tarde. De esta forma, el presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte, ha accedido a la solicitud de los otros nueve vocales que, junto a él,  forman el bloque conservador: José María Macías, José Antonio Ballestero, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya,  Wenceslao Olea, Gerardo Martínez Tristán, Carmen Llombart, Nuria Abad y María Angeles Carmona. 

Estos vocales ven necesario que el CGPJ haga un "pronunciamiento sobre las declaraciones vertidas el 30 de enero, en la sesión plenaria del Congreso de los Diputados, por oradores de varios grupos parlamentarios ante la aquiescencia y mutismo de la señora presidenta" de la Cámara Baja, Francina Armengol.

Durante el Pleno de la Cámara Baja, diputados de Junts, Podemos y  Sumar aludieron al magistrado del Tribunal Supremo (TS) Manuel Marchena, presidente del tribunal que juzgó y condenó el 'procés'; al  juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que investiga  'Tsunami Democràtic', y al titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, que indaga en el 'caso Voloh'. 

La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, habló de "jueces  prevaricadores" y mencionó a los tres togados, mientras que la  diputada 'morada' Martina Velarde advirtió sobre una "ofensiva judicial salvaje" contra la futura amnistía apuntando al "sector reaccionario judicial" y, en concreto, a García Castellón. 

Desde Sumar, Gerardo Pisarello habló de "un juez de la Audiencia Nacional cercano a (José María) Aznar que no vio implicación de María Dolores de Cospedal" en la trama 'Kitchen', para después referirse directamente a García Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6. 

En sus intervenciones, los diputados de ERC Pilar Vallugera y de EH Bildu Jon Iñarritu no se refirieron a jueces con nombres y  apellidos pero sí al Poder Judicial. Así, el político vasco alertó sobre "movimientos oscuros" procedentes del ámbito judicial. 

Tras ello, la diputada de Vox María José Rodríguez de Millán pidió  a la presidenta de la Cámara Baja que llamara al orden a Nogueras y Velarde, solicitud que Armengol no atendió, si bien recordó que había pedido a todos los diputados que guardaran "el debido decoro".  

En este contexto, los nueve vocales han recordado como precedente la declaración unánime emitida el 19 de enero por la Comisión Permanente, cuando expresó su "rotundo rechazo" a las críticas de la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, a García  Castellón, al considerar que eran "contrarias" al "deber de respeto a la independencia judicial", al tiempo que pidió "responsabilidad  institucional" para "evitar la utilización política de la Justicia". 

Hasta ahora, el Pleno solo se ha pronunciado sobre las acusaciones  de 'lawfare' (guerra judicial) contra jueces y magistrados. Primero lo hizo la Comisión Permanente, advirtiendo de que se mantendría "vigilante" si finalmente se creaban las comisiones de investigación parlamentaria para detectar estos supuestos casos y, después, reaccionó su máximo órgano para rechazarlas y avisar a jueces y magistrados de que no están obligados a comparecer en las mismas. 

Sobre los ataques de políticos a los togados, ha habido pronunciamientos del CGPJ pero no de su Pleno. Además del citado del  pasado enero, Guilarte ya se ha manifestado en varias intervenciones  públicas. La última fue el miércoles cuando respondió a las "inaceptables descalificaciones" realizadas el día anterior en el  Congreso hacia jueces y magistrados, haciendo un llamamiento  institucional a que "dejen en paz" a los miembros del Poder  Judicial.